Silencio a golpe de sentencia

Las causas contra la contaminación acústica se han abierto paso en los tribunales, y los jueces han dejado de considerar el ruido jurídicamente como una mera "molestia", resaltan las asociaciones de vecinos afectados de Valencia, para los que supuso un hito y un rayo de esperanza la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2004, que amparó la queja de una vecina de la plaza de Xúquer.

Otro hito lo ha marcado el Tribunal Supremo, que el pasado noviembre condenó al alcalde de Vila-real, el popular Manuel Vilanova, que ya ha dimitido, por su "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos" al hacer caso omiso a una "historia interminable" de denuncias contra el ruido de una fábrica de cerámica. El PP respaldó al alcalde condenado por prevaricación y atacó el fallo judicial por considerarlo político. Los dardos apuntaron al magistrado José Antonio Martín Pallín, ponente de la sentencia. "Sin saberlo, están en lo cierto, ya que el fallo procede de un poder político del Estado y afecta a la política medioambiental, con lo que es una sentencia política", contestó éste con ironía. El ruido del sistema de cogeneración de la fábrica "afectó gravemente a la convivencia de algunos vecinos", desesperados por no poder conciliar el sueño, relata la sentencia.

También en Valencia, los tribunales han reprochado al Ayuntamiento "dejación de sus funciones" en defensa del derecho al descanso de los vecinos que no han visto otro camino que el judicial para recuperar la tranquilidad. Así ha sido en los últimos años en la sentencia que obligó a declarar la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de Woody; otra que cerró temporalmente Ca Revolta en el centro histórico; un fallo que cerró un restaurante en Campanar abierto durante año y medio a pesar de no tener licencia de funcionamiento; una discoteca con una orden de cierre temporal no verificado... Silencio ganado a golpe de sentencia.