Los dos ediles del PP detenidos en Pontevedra iban a recibir una comisión de 50.000 euros
Un promotor ha colaborado para desmontar la supuesta trama de corrupción en Gondomar
Los concejales de Gondomar (Pontevedra) José Luis Mosquera Veleiro y Alejandro Gómez Garrido, del PP, detenidos el miércoles por la Guardia Civil, iban a recibir ese día 50.000 euros de un promotor que se prestó a colaborar con la justicia para desmontar la supuesta trama de corrupción urbanística. A ambos ediles (responsables de Urbanismo y Cultura) y al arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, contratato por el Ayuntamiento, la juez les imputa tres delitos de cohecho a cada uno, y otro a la compañera sentimental de Mosquera, Belén Fernández. Los cuatro han quedado en libertad con cargos.
La comisión de 50.000 euros que Mosquera y Gómez iban a cobrar del promotor demostraría un delito continuado de pagos ilegales a cambio de conceder licencias urbanísticas y otros "favores". La investigación que desencadenó su detención y la del arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, se remonta varios meses atrás, cuando la Fiscalía de Vigo incoó diligencias previas tras una de tantas denuncias que se han presentado por supuestos pagos ilegales en esta localidad turística de 13.000 habitante y cercana a Vigo.
El promotor destapó las presuntas corruptelas y se inició un discreto seguimiento a través de intervenciones telefónicas de los detenidos y de otras personas que estarían en el punto de mira de la investigación. Unas denuncias que pusieron en evidencia a ambos ediles cuando la Guardia Civil montó un dispositivo para realizar la entrega vigilada de más de 50.000 euros que supuestamente iban a percibir los concejales, según confirmaron fuentes de la investigación.
En el momento de interceptar la entrega del dinero se detuvo al responsable municipal de Cultura, Luis Mosquera, concejal independiente y portavoz del equipo de gobierno, y a su novia, Belén Fernández. El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Alejandro Gómez, no habría acudido a la cita por culpa de un catarro que le mantenía desde días antes recluido en su casa. Belén Fernández declaró ayer por la mañana ante el juez y volvió a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil. A última hora, la juez ordenó libertad condicional para los dos ediles y el arquitecto, a los que imputa tres delitos de cohecho a cada uno. Los tres deberán presentarse en el juzgado cada 15 días. A la mujer también la dejó en libertad provisional tras imputarle un delito de cohecho.
Incomunicados
Un portavoz del instituto armado confirmó que los detenidos habían permanecido incomunicados. Por la tarde fueron puestos a disposición judicial. Al encontrarse bajo arresto incomunicado, acordado por la juez Eugenia Manzanares Saavedra, declaraban al mismo tiempo y sólo con la asistencia de abogado de oficio, según estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Durante el tiempo de su detención incomunicada, los arrestados no pudieron entrevistarse ni con sus abogados ni con sus familiares. La juez también decretó el secreto de las actuaciones. Fuentes de la investigación no descartan la detención de más implicados.
La identidad del promotor queda preservada hasta que se levante el secreto de sumario. De confirmarse la imputación a los detenidos, se convertiría en el principal testigo de cargo en el juicio de este caso.
Por su parte, el alcalde de Gondomar, Carlos Silva, pidió ayer prudencia. "Para nosotros cabe la presunción de inocencia", afirmó, y lanzó un "mensaje de tranquilidad: ahora debemos mantener la cabeza fría". Silva criticó el método usado para detener a los dos ediles: "Alejandro estaba en su casa, en pijama, con gripe, su mujer esta mañana [por ayer] aún no sabía si estaba en Pontevedra o en Vigo".
Silva dijo desconocer exactamente lo que se les imputa a los dos concejales, a la compañera sentimental de uno de ellos y al arquitecto Francisco Borja Ramilo, que trabaja habitualmente con uno de los constructores más conocidos de Gondomar, José Fajo. El alcalde afirmó que no tomará ninguna decisión para recomponer su gobierno mientras no haya más datos, e insistió en que seguirán trabajando con total normalidad.
El portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Cabaleiro, no se mostró sorprendido por las detenciones: "Siempre sospechamos que había irregularidades urbanísticas, aunque la verdad es que no sabíamos que la cosa llegaba a estos extremos". Cabaleiro acusó al equipo de gobierno de "dar licencias urbanísticas de forma selectiva".
Xosé Antón Araúxo, portavoz nacionalista, se remontó a las presiones que han vivido los ediles del BNG desde que comenzaron a luchar contra el urbanismo irregular: "Quemaron los coches y la casa de un compañero, dieron una paliza a otro...". Araúxo acusó al subdelegado del Gobierno de ignorarles cuando denunciaron las agresiones, alegando que eran problemas entre particulares.
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, consideró las detenciones como "una muestra de que el Estado de derecho funciona y de que las leyes están para ser cumplidas. Lo importante es destacar su eficacia ejemplarizante", añadió.
