Un juzgado remite el proyecto de la M-30 al Tribunal Europeo

Un juzgado madrileño remitirá el proyecto de reforma de la M-30 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para esclarecer si cumple con la vigente normativa comunitaria sobre evaluación de impacto ambiental. Así figura en el auto del Juzgado Contencioso-administrativo número 22 de Madrid, facilitado ayer por el abogado de la asociación Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, quien explicó que ésta es la primera cuestión prejudicial de carácter medioambiental que se transmite desde la justicia española hasta la más alta instancia de la legislación comunitaria.

Según se desprende del auto, existen "dudas" sobre la posibilidad de que las obras de la vía de circunvalación puedan eximirse de la correspondiente evaluación de impacto ambiental, al considerar el juez que representa una "magna y compleja obra fragmentada como 15 proyectos distintos". A este respecto, el director de Desarrollo de Infraestructuras del Ayuntamiento, José María Ortega, indicó que espera que la decisión del Tribunal de Justicia de la UE "rompa con la inseguridad jurídica" que, en su opinión, el Consistorio "ha padecido" en este asunto.

Ortega destacó que "todos los tribunales de Madrid que han resuelto sobre este asunto y el Consejo de Estado han dado la razón al Consistorio". No obstante, señaló que las "consecuencias materiales" de una posible resolución del Tribunal de Justicia europeo "ya han sido afrontadas y resueltas" mediante "un acuerdo" con la Comisión Europea, que "aceptó la propuesta del Consistorio" de desarrollar un estudio de impacto ambiental a posteriori.

Por su parte, el abogado de Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, manifestó que "el objetivo es evitar en lo sucesivo decisiones despóticas", y destacó que, en el caso de que el Tribunal de Justicia de la UE dictamine que las obras vulneran la legislación ambiental, el gobierno municipal sufrirá un "tremendo varapalo".

Asimismo, afirmó que, con un fallo semejante, al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "le será más difícil eludir la ley en sucesivas ocasiones". Una vez que el tribunal de Luxemburgo se pronuncie, será el juez que remitió la cuestión el encargado de dictar sentencia, explicó Doreste. El fallo no conllevaría sanciones económicas para el Consistorio, pero sí sentaría precedente para obras civiles posteriores.