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Los interrogatorios ilegales de la policía española

Ex ministros del PP ignoran la misión policial a Guantánamo pese a que existe un informe oficial

El Ministerio del Interior que dirigía en 2002 Ángel Acebes hizo un informe a través de la Dirección General de la Policía, cuyo máximo responsable era Agustín Díaz de Mera, hoy eurodiputado del PP, en el que detallaba el resultado de los interrogatorios que una delegación formada por cuatro policías realizó durante cuatro días (22, 23, 24 y 25 de julio) en la base militar de Guantánamo.

López Garrido: "Este asunto demuestra que José María Aznar era el perrito faldero de George Bush"

Rajoy: "Lo desconozco absolutamente"; Zaplana: "No tengo la más mínima información al respecto"

La Dirección General de la Policía envió un detallado documento a la Audiencia Nacional durante la etapa de Acebes

Los agentes buscaban "nuevos elementos radicales asentados en España"

Pese a la existencia de ese documento, que fue remitido a la Audiencia Nacional, y otros más que manejó el Gobierno del PP, los ex ministros aseguraron ayer que desconocían el viaje de policías españoles a Guantánamo a interrogar a cerca de una veintena de detenidos, muchos de ellos sin ninguna relación con España.

Ese informe policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que el objetivo de la visita de cuatro agentes a Guantánamo, no autorizada por ningún juez español, era recabar "información sobre nuevos elementos radicales islámicos asentados en España, o datos adicionales que pudieran corroborar las pruebas existentes hasta el momento en torno a los miembros de la célula desarticulada en España dirigida por Abu Dahdah".

En la base militar de Guantánamo estaban encarceladas en condiciones infrahumanas 598 personas de 34 nacionalidades. Los presos caminaban por el complejo militar de 117 kilómetros cuadrados con grilletes en muñecas, pies y cintura, con los rostros tapados y envueltos en monos de color naranja.

El Tribunal Supremo consideró la base de Estados Unidos "un limbo en la comunidad jurídica de imposible justificación", y declaró nulos como pruebas judiciales los interrogatorios de los policías españoles a los allí detenidos, dado que se hicieron "sin previa información de derechos, sin asistencia letrada y sin autorización ni mandato de la autoridad judicial española".

El general jefe de la base militar de Guantánamo ofreció una cena a la delegación policial española en la que explicó a los agentes que los detenidos en el campamento no eran prisioneros de guerra sino "combatientes ilegales", según los informes de que dispuso el Gobierno español. Esos mismos informes acreditan que, en algún caso, los interrogatorios de los agentes españoles duraron más de siete horas.

Entre los interrogados por la policía en busca "de nuevos elementos radicales islámicos asentados en España" estaba un ciudadano danés Abderrahman Hadj (registrado en Guantánamo con el número 174) que tras abandonar la base militar llegó a su país donde quedó en libertad sin ningún tipo de cargos.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, preguntado por el caso de los policías españoles enviados a Guantánamo, respondió: "Lo desconozco absolutamente. Yo estoy en otras cosas. No estoy ni en Felipe V ni en los suevos ni en lo que pasó en España hace muchos años". Rajoy mezcló este asunto con la memoria histórica para concluir: "En vez de hablar de memoria histórica, yo quiero lanzar un mensaje de futuro. Quiero dedicarme a acometer reformas estructurales y llevar a cabo una política exterior propia de un país civilizado, en vez de seguir hablando de fosas. Oiga, por favor, que éste es un país civilizado, coño".

El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, que era ministro de Trabajo cuando ocurrieron los hechos, declaró: "No tengo la más mínima información al respecto. Me imagino que acreditarán esa información los responsables de la misma, pero yo desde luego no tengo constancia ni conocimiento de que un hecho de esa naturaleza se haya podido producir, por tanto, nada que decir al respecto. Fíjese si tengo yo temas que ocuparme, le acabo de anunciar infinidad de iniciativas políticas, como para preocuparme de otras cuestiones de las que no tengo ni conocimiento ni certeza, como la que hoy publica EL PAÍS. Por tanto, me voy a limitar a contar lo que he querido contar en esta rueda de prensa. Comprendo su interés, pero usted comprenda que desde el desconocimiento no debo hacer la más mínima valoración sobre esa cuestión".

El ex ministro del Interior y secretario general del PP, Ángel Acebes declinó ayer hacer cualquier comentario, y fuentes cercanas a este dirigente popular recordaron que cuando ocurrieron los hechos acababa de llegar al ministerio. El anterior ministro era el propio Rajoy.

El portavoz del grupo parlamentario Socialista, Diego López Garrido, cargó contra la complicidad del Gobierno de Aznar con el presidente Bush: "Este asunto demuestra que Aznar era el perrito faldero de George W. Bush. Exigimos que Rajoy y Acebes expliquen su actuación. Tienen una responsabilidad política. Resulta gravísimo desde el punto de vista político, jurídico y de gestión. Además, estos interrogatorios dejan claro que entonces había una preocupación en la policía española por el islamismo radical. ¿Por qué se abandonó esa pista? ¿Por qué cuando hubo un atentado el 11 de marzo de 2004 se llevó a los ciudadanos hacia la pista falsa de ETA?".

Pese al interés de los socialistas por aclarar lo ocurrido, López Garrido rechazó que este asunto y el de los vuelos de la CIA que utilizaron aeropuertos españoles para trasladar a presos a cárceles ilegales, ya bajo mandato del PSOE, merezcan una comisión de investigación parlamentaria, como solicita IU-ICV. El portavoz de este grupo parlamentario, Joan Herrera, aseguró que en su opinión los viajes de policías españoles a una cárcel ilegal como Guantánamo para interrogar a detenidos sin una orden judicial "es un delito" y el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, debería hacer frente a su responsabilidad penal.

Para ello pidió a la Fiscalía General que actúe de oficio. El portavoz de ERC, Joan Tardà, también anunció que su grupo hará todo tipo de preguntas en el Congreso para esclarecer lo ocurrido con los policías españoles en la base militar estadounidense de Guantánamo.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, remachó: "Esto demuestra que algo muy oscuro había y hay en el acuerdo preferencial que firmó Aznar con el Gobierno de EE UU tras el 11-S, y que decía ser contra el terrorismo. También hay algo oscuro en el convenio bilateral firmado entre España y EE UU que le permite el uso de las bases militares de Morón y Rota como bases para los vuelos de la tortura".

El director de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán, reclamó ayer al Gobierno que investigue la supuesta participación de policías españoles en la prisión estadounidense de Guantánamo en el año 2002 para interrogar a presos marroquíes.

Beltrán calificó de "escandaloso" que funcionarios policiales hubieran sometido a interrogatorio sin orden judicial a detenidos en Guantánamo, por lo que reclamó una investigación "imparcial, independiente y rigurosa para esclarecer este asunto", informa Efe.

La dirección del PP catalán tuvo que reprender públicamente a su diputada Montserrat Nebrera -número dos en las elecciones autonómicas- después de que ésta asegurara que si realmente hubo "complicidad" del Gobierno de José María Aznar en los interrogatorios en la base de Guantánamo "habría que condenarla". La semana pasada Nebrera -doctora en Derecho y Filosofía Política- ya irritó a la plana mayor de su partido después de afirmar que, con la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, el PP había encontrado la "grieta jurídica para alcanzar su objetivo político". La dirección del PP regional matizó que, aunque Nebrera está sometida a la "disciplina" del grupo parlamentario, no expresa "la opinión [oficial] del partido".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de febrero de 2007