Solbes inicia las negociaciones para cerrar este año la nueva financiación autonómica

El Ministerio de Economía ha iniciado ya los primeros contactos con las comunidades autónomas para cerrar un acuerdo político sobre la nueva financiación "antes de que acabe el año", según fuentes del equipo de Pedro Solbes. Su aprobación requiere la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), por lo que el calendario electoral retrasará la puesta en marcha del nuevo sistema hasta 2009. El actual modelo data de 2002 y, según fuentes de la Oficina Económica del Presidente, "ha caducado completamente". En ello pesan razones económicas -el boom migratorio ha disparado los gastos de las comunidades- y políticas, tras los cambios que introducen los nuevos Estatutos de autonomía.

Hacienda insiste en que el Ministerio ha respetado "escrupulosamente" el calendario acordado con las comunidades. A finales del pasado diciembre presentó un diagnóstico sobre los problemas del actual sistema de financiación por mandato de la Conferencia de Presidentes. Sólo dos comunidades han planteado su propio diagnóstico: Andalucía y Cataluña. El siguiente paso es analizar estos documentos en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reunirá a lo largo de este mes al Gobierno con los 17 consejeros autonómicos de Economía y Finanzas.

Al margen de la negociación multilateral, Solbes ha iniciado ya contactos bilaterales con algunas comunidades y ha manifestado su "total disponibilidad" para lograr un acuerdo político "este año" que entraría en vigor en 2009, según un portavoz de Hacienda.

Tanto el ministerio, como la Oficina Económica de Zapatero coinciden en la necesidad "urgente" de reformar la financiación, al igual que las comunidades. "El nuevo entorno económico y demográfico, con la llegada masiva de inmigrantes, han disparado las necesidades de gasto", afirma Luis González Calbet, subdirector de financiación autonómica de la Oficina Económica del Presidente. Al boom migratorio hay que sumar "el nuevo entorno legal que suponen las reformas estatutarias y la seguridad de que en estos últimos años ha finalizado la cesión de las grandes competencias a las comunidades, lo que hace muy necesario un nuevo acuerdo", comenta.

Tres grandes líneas

Solbes no ha soltado prenda sobre las líneas maestras del nuevo modelo. Pero el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha adelantado que la nueva financiación tendrá tres grandes líneas: mayor participación de las comunidades en los grandes impuestos (IRPF, IVA e impuestos especiales), que podría incluir también nuevas figuras tributarias; una mayor transparencia en la solidaridad con una redefinición del fondo de suficiencia (el mecanismo de solidaridad del sistema), que primará como criterio de reparto la población; y un mayor incentivo al esfuerzo fiscal, de manera que las comunidades que recauden más puedan beneficiarse del mayor esfuerzo.

La Oficina Económica del Presidente aporta algunas pistas más de las propuestas del Gobierno. González Calbet apuesta por dar "más autonomía fiscal" a las comunidades, con "nuevos impuestos relacionados con el medio ambiente" y un "gravamen sobre el consumo". En este último caso, se trata de establecer un tramo minorista sobre el IVA, pese a que eso requeriría pactar con Bruselas y modificar posteriormente la legislación española del IVA.

Pero los cambios más relevantes son los relativos a la solidaridad. Por un lado, el Ejecutivo quiere "garantizar que los esfuerzos fiscales adicionales se destinen a las comunidades que los realicen", según González Calbet, en línea con lo que establecen algunos estatutos, como el catalán. Otro objetivo es hacer más transparente la solidaridad, y garantizar la igualdad de prestación de servicios en las comunidades a igualdad de obligaciones fiscales. Pese a que es Hacienda quien se encargará de diseñar el mecanismo de solidaridad, la Oficina Económica de Zapatero avanza que el nuevo fondo de suficiencia incluirá "mayor asociación de la evolución de los recursos a la de la población", con revisiones anuales de algunos indicadores y "una revisión quinquenal" de todo el sistema, según González Calbet.