"Meros indicios circunstanciales"

"El Gobierno de Canarias se ha ajustado absolutamente a la legalidad en la tramitación del expediente turístico Anfi-Tauro y está seguro de que las investigaciones judiciales sobre este caso exonerarán de toda responsabilidad a los miembros del Ejecutivo". Así arranca una nota hecha pública anoche por el portavoz el Gobierno de canarias, en la que añade que desconoce el contenido de la pieza separada enviada al TSJC.

"El Gobierno de Canarias ha tenido conocimiento de la existencia de un pieza judicial separada del llamado caso Góndola a través de los medios de comunicación y desconoce qué tipo de sospechas han inducido al traslado de las investigaciones al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tal como han confirmado esta tarde a los medios de comunicación los servicios de prensa del propio TSJC, sin que mediara ninguna notificación precedente al Gobierno de Canarias, haciendo así objeto de la sospecha al propio presidente del Ejecutivo", añade el texto.

Después, cita precisamente a las personas supuestamente grabadas: "La aparición de los nombres de Adán Martín, de su director de Gabinete, Salvador Iglesias, y de Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en el transcurso de las averiguaciones pueden constituir meros indicios circunstanciales que, con seguridad, una vez investigados, demostrarán la absoluta legalidad y honestidad de las actuaciones del Gobierno de Canarias".

Por último, "el Gobierno desmiente rotundamente cualquier trato de favor al Sr. Santiago Santana Cazorla, a quien no ha negado información sobre el contenido del expediente Anfi-Tauro, como determinan las leyes, sin que ello pueda considerarse una infracción, sino todo lo contrario. En cualquier caso, es preciso recordar que la declaración de interés general sobre el proyecto turístico Anfi-Tauro no corresponde al Gobierno de Canarias, sino al Parlamento de Canarias".