La investigación del caso de corrupción en Mogán alcanza al Gobierno canario

Una grabación intervenida recoge las conversaciones entre un empresario y el presidente insular

El juez que instruye el caso Góndola sobre una trama de corrupción en el Ayuntamiento grancanario de Mogán (15.000 habitantes), gobernado por el PP, remitió ayer por la mañana al Tribunal Superior de Justicia de Canarias una pieza separada con escuchas telefónicas entre el empresario Santiago Santana Cazorla, imputado en este procedimiento, y el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín (CC), con el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, y con el jefe del gabinete de Presidencia, Salvador Iglesias, según informó el diario Canarias 7.

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó ayer que el juez que instruye el caso Góndola, José Alexis Reyes Negrín, remitió a la presidencia del alto tribunal una pieza separada de la investigación con diversas escuchas telefónicas entre el empresario Santiago Santana Cazorla y distintos responsables del Gobierno autónomo.

Según informó Canarias 7, las escuchas remitidas al Tribunal Superior de Justicia por el juez que instruye la causa de Mogán están relacionadas con la declaración de interés general de la urbanización turística Anfi Tauro que el Gobierno debía remitir, para su tramitación y aprobación, al Parlamento de Canarias.

EL PAÍS pudo conocer que el contenido de las grabaciones apunta a distintos elementos relacionados con el proyecto urbanístico, como el número de camas que tendría un hotel previsto en el plan. En las conversaciones con sus interlocutores del Ejecutivo canario, el empresario mostraba su interés de que esto saliera adelante, para lo que necesitaría el apoyo de Coalición Canaria en el Parlamento autonómico.

El magistrado que instruye el caso dictó ayer un auto de remisión de las actuaciones al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro, en el que justifica el hecho de que dos de las personas que aparecen en las conversaciones (el presidente canario y su consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) son aforados, y por tanto, corresponde a este tribunal decidir sobre la continuidad de las investigaciones. La Sala de lo Penal y de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias será la que deba decidir sobre la continuidad de las actuaciones y, en todo caso, si debe ser el juez natural el que prosiga con las mismas o el propio Tribunal Superior de Justicia.

En el caso de corrupción del Ayuntamiento de Mogán están imputados el alcalde, la primera teniente de alcalde y el concejal de Hacienda, que a la vez es el portavoz municipal del PP en la corporación.

La investigación judicial ha acreditado que hubo un supuesto trato de favor por parte del gobierno local, del PP, a un promotor urbanístico, propietario de Anfi Tauro, en un convenio que establecía el pago de tres parcelas que nunca se entregaron realmente.

El promotor inmobiliario ofreció como contraprestación para poder desarrollar su proyecto urbanístico tres parcelas que estaban en medio de una autovía, por lo que en realidad no servían de nada.

Cuando los funcionarios del Ayuntamiento de Mogán advirtieron esta irregularidad, el promotor volvió a ofrecer otros terrenos, pero en este caso estaban dentro de un campo de golf.

La permuta debería permitir al Ayuntamiento conseguir un suelo valorado en 12 millones de euros, que son el beneficio supuestamente obtenido por el promotor inmobiliario por esta operación irregular.

En la investigación también se pudo acreditar cómo la primera teniente de alcalde de Mogán, Onalia Bueno, ordenó espiar a la comisaría de policía encargada de la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Para ese espionaje, la dirigente del PP contó con la ayuda de un empresario que también está imputado en esta causa.

El Partido Popular no ha tomado ninguna medida disciplinaria contra sus tres cargos municipales imputados.

El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, se mostró tranquilo en una visita que realizó a Canarias porque de la investigación no se deducía que los concejales populares se hubieran quedado con dinero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 09 de febrero de 2007.

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