Cataluña hizo 7.600 pisos protegidos pero el objetivo es llegar a 15.000

La vivienda protegida en Cataluña avanza con pasos cortos. El año pasado se iniciaron 7.592, lo que supone el 17,9% de las 127.117 totales empezadas. Fueron más que en 2005, pero menos de las que hubiera deseado el Gobierno catalán. La secretaria de Vivienda, Carme Trilla, explicó ayer que el objetivo es que la construcción de pisos protegidos se sitúe entre 15.000 y 18.000 anuales, independientemente de cómo evolucione el sector en su conjunto. Se trata, dijo, de paliar el déficit de vivienda protegida en Cataluña debido a años de falta de actuación al respecto.

El parque de vivienda pública en Cataluña viene a ser el 1% del total de las viviendas principales (es decir, excluidas las segundas residencias). Para que las cosas fueran bien, debería situarse en torno al 15%. O sea, que el Gobierno se aplicará a ello sin obcecarse por el proceder del mercado en su conjunto. "Este año hemos crecido el 9,5% respecto a 2005, pero como el mercado ha subido el 17,9%, parece que hagamos menos", comentó Trilla. Se trata, matizó, de promover un parque público que permita maniobrar reservando en torno al 1% del mismo para emergencias.

Trilla explicó que la escasa incidencia del mercado protegido en Cataluña se debe, en buena parte, a la escasa actuación en materia de suelo por parte de gobiernos anteriores. "Madrid empezó a reservar suelo en 1997; Cataluña ha empezado en 2004", dijo Trilla.

Para paliar la falta de vivienda protegida, el Gobierno ha realizado diversas actuaciones. Dispone de 13.257 viviendas en proyecto (en situaciones que van desde la planificación ya hecha hasta el movimiento de tierras). De ellas, la mayor parte (7.673) corre a cargo del Instituto Catalán del Suelo (Incasol). El resto (5.584) lo hacen cooperativas sobre suelo del Incasol, es decir, en ambos casos se trata de promociones sociales.

En las ya iniciadas en el pasado año (7.592), predomina la actuación social: unas 1.500 son obra del Incasol; los ayuntamientos asumieron unas 2.700 y las cooperativas, 1.800, en números redondos. El resto, unas 1.600, son promotores privados que, tras un incremento de precios en no pocas zonas de Cataluña, han decidido intervenir en este mercado. El municipio que más porcentaje de vivienda protegida genera es Barcelona: entre 2.000 y 3.000, lo que supone el 35% del total de la localidad, aunque en la ciudad se construye poco porque el terreno está muy agotado.

Pero el Gobierno catalán, explicó el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, espera que la ley de la vivienda, actualmente en trámite parlamentario, le permita actuar en otros frentes: uso del retracto para adquirir viviendas en determinadas zonas o compra de edificios completos, si es muy necesario.

Un segundo frente en 2006 fue la rehabilitación. Se concedieron ayudas para rehabilitar 24.600 viviendas, por un importe de 51,3 millones de euros. Y se pagaron 54,1 millones, correspondientes a 50.185 ayudas, algunas, dijo Baltasar, pendientes de pago desde la época en que gobernaba Convergència i Unió (CiU). El diputado de Unió Ramon Espadaler replicó ayer que si el tripartito ha podido hacer reserva de suelo es gracias a la Ley de Urbanismo aprobada en 2002 por CiU.

Asimismo, se instalaron 564 ascensores que dan servicio a 7.530 viviendas. El importe de estas obras ascendió a 19,9 millones de euros. También se realizaron mejoras en 7.017 viviendas del parque público de Adigsa, por un importe de 28,5 millones.

Las familias beneficiadas por las ayudas al alquiler fueron 8.376 y el importe medio de estas ayudas se situó en 180,5 euros mensuales. Las ayudas más bajas fueron de 94 euros y las más altas, de 212. La mayor parte de las ayudas fueron para familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia doméstica, inmigrantes o víctimas de acoso inmobiliario (5.431 casos). La mayor parte de estas ayudas se concentran en Barcelona (82%).