Catalanes somos todos

Las comunidades autónomas son partes de un todo, del mismo Estado. Éste es el núcleo esencial de la decisión que adoptó el constituyente de 1978 respecto de la estructura del Estado. El principio de unidad política del Estado es el presupuesto del reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran. Pero además de presupuesto, el principio de unidad es también resultado del ejercicio de dicho derecho. El derecho a la autonomía se ejerce individualmente por cada nacionalidad o región, pero el resultado de dicho ejercicio tiene que ser la reafirmación del principio de unidad política del Estado. En esto consiste la decisión constitucional políticamente conformadora de la estructura del Estado, en la que ha descansado la construcción del Estado autonómico.

No es indiferente, pues, lo que ocurre con el ejercicio del derecho a la autonomía en una comunidad autónoma para las demás. Cuando se trata de Cataluña o de Andalucía mucho menos. Lo que ocurrió en Andalucía el 28-F de 1980 no sólo determinó la vía de acceso a la autonomía por el artículo 151 de la Constitución, sino que impuso una revisión de la interpretación de la Constitución, de la que resultó el actual Estado autonómico. La decisión fue formalmente andaluza, pero materialmente fue española, o al menos, los efectos de la misma fueron españoles. Algo parecido puede suceder con el resultado del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra el Estatuto de Autonomía para Cataluña. Lo que ocurra con el Estatuto de Cataluña en el Tribunal Constitucional no va a afectar exclusivamente al ejercicio del derecho a la autonomía en aquella comunidad autónoma, sino que nos va a afectar a todos.

El referéndum del 28-F provocó una crisis de Estado. La ratificación de la iniciativa autonómica por la vía del artículo 151 de la Constitución quebró el diseño de estructura del Estado que se estaba intentando poner en práctica tras la entrada en vigor de la Constitución. Una crisis que acabó conduciendo a la desaparición del partido de Gobierno que había pilotado la transición y el proceso constituyente, UCD. La crisis afortunadamente se resolvió en positivo y condujo, en consecuencia, a un fortalecimiento de nuestro sistema político y nuestro ordenamiento constitucional.

Me temo que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, si es estimatoria del recurso interpuesto y conduce a la declaración de inconstitucionalidad del mismo, pueda provocar otra crisis de Estado. La desautorización por el Tribunal Constitucional del Parlamento de Cataluña, de las Cortes Generales y del cuerpo electoral catalán no puede no provocarla. No se vería afectado solamente el ejercicio del derecho a la autonomía en Cataluña, sino que se vería afectado el equilibrio territorial en el que descansa la estructura del Estado en su conjunto.

He oído decir en un corte en la radio a la portavoz de IU que si el Tribunal Constitucional anulaba unas cuantas decenas de artículos (70 creo que ha dicho) del Estatuto de Cataluña, el Estatuto de Andalucía quedaría como el Estatuto con mayor techo competencial y se convertiría de esta manera en el punto de referencia para todas las demás comunidades autónomas. Debería rectificar de manera inmediata. IU ha tenido una trayectoria ejemplar y no debería enturbiarla al final. Si se hace realidad el pronóstico de la portavoz de IU, la crisis en la que entraríamos sería de tal magnitud que nada volvería a ser igual en lo que a la estructura del Estado se refiere.

Estamos en un momento muy difícil y hay que tener cuidado con lo que se dice. Catalanes ahora mismo somos todos. Lo que vaya a ocurrir con el Estatuto catalán en el Tribunal Constitucional nos puede afectar a los ciudadanos de las demás comunidades autónomas en la misma medida o casi en la misma medida en la que afecte a los ciudadanos de Cataluña. Una descalificación rotunda de la reforma catalana rompería las reglas de juego para todos.