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Tribuna:El nuevo Estatuto

El lugar de la mujer andaluza

"El lugar de una mujer en la sociedad marca su nivel de civilización". Esta frase se atribuye a Elisabeth Cady Staton, feminista norteamericana de finales del siglo XIX y viene a colación del nuevo Estatuto de Andalucía -pendiente de nuestro voto el próximo día 18 de febrero- y de su novedoso objetivo de avanzar en la democracia paritaria y en la igualdad de género.

Las leyes eficaces no son eternas. Las leyes eficaces han de acomodarse a la realidad que pretenden regular; y en determinados momentos, han de actuar como motores de las reglas de convivencia que se fija una sociedad.

El Estatuto de Andalucía de 1981 ha permitido consolidar las competencias e instituciones autonómicas, además de resultar fundamental para el desarrollo social y económico de nuestro territorio. Transcurridos 25 años, Andalucía presenta una nueva realidad social y tiene nuevos retos que afrontar, como la conservación del medio ambiente, la integración de nuevas culturas, o la persistencia de obstáculos culturales que impiden la participación de colectivos tradicionalmente desfavorecidos, como el de las mujeres. Los nuevos retos hacen necesario otro Estatuto.

El Estatuto es mucho más que una ley del ordenamiento español; en realidad, funciona como una constitución que ha de guiar la acción de los poderes autonómicos. Desde esta perspectiva, el texto que se somete a referéndum en Andalucía destaca por unos principios avanzados y progresistas, que intentan superar deficiencias de funcionamiento de los sistemas democráticos y, como dice la Constitución Española, "ayudan a establecer las condiciones necesarias para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva".

Es innegable que las mujeres hemos avanzado en la conquista de los derechos civiles, políticos y sociales; pero también es un hecho comprobado que salvo contados ejemplos (como en los actuales Gobierno andaluz y del Estado español), seguimos ausentes en la mayoría de los espacios en los que se adoptan decisiones relevantes para la sociedad. En la mayoría de los casos el hombre sigue disfrutando de un plus de ventaja, respecto de la mujer por el mero hecho de serlo, y la mujer ha de demostrar con holgura ese plus para igualarse en oportunidades con el hombre. Estas realidades merecen una reflexión, si tenemos en cuenta que formamos más del 50% de la población andaluza, y que desde el año 1978 nuestro derecho de participación política y social tiene cobertura formal en la Carta Magna.

La divergencia entre los deseos del legislativo y la realidad pone de manifiesto, que debemos seguir trabajando en la línea de eliminar los factores sociales que actúan como resistencia en esta cuestión. Por ello, son necesarias medidas legales más concretas y directas, como las previstas por el nuevo Estatuto.

La insuficiente participación de las mujeres en el ámbito político ya fue advertida en noviembre de 1992, en la primera cumbre Europa de mujeres ministras o ex ministras, celebrada en Atenas. Sin quedarse en la mera crítica, concluyeron que "la ausencia de las mujeres en los centros de representación política y de la toma de decisiones implica un déficit democrático incompatible con una verdadera democracia".

En la Unión Europea existe un amplio consenso sobre esta necesidad y desde el año 1985, el Consejo de Europa ha aprobado Planes de Igualdad de Oportunidades que promueven la participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones. Esto permitirá una renovación de la democracia y por otro lado, dinamizar la economía y enriquecer el conjunto de la sociedad civil.

En esta línea de avanzar en la democracia, resulta significativo que este nuevo Estatuto recoja la expresión "democracia paritaria"; pero es más, resulta relevante que la señale como uno de los objetivos básicos de la comunidad autónoma, y que adquiera compromisos tales como el de respetar la igualdad de género en las listas electorales, y en los nombramientos que ha de realizar el Parlamento.

No se trata de un nuevo sistema político sino de profundizar en la idea de la democracia como el gobierno por el pueblo, entendido este como comprensivo de hombres y mujeres.

La sociedad andaluza establecerá en este Estatuto los principios que orientarán la acción de los poderes autonómicos en el futuro. Uno prioritario será el de fomentar la participación de la ciudadanía y, en particular, la participación activa en la vida social y política de las mujeres andaluzas, en todos los ámbitos de decisión. Esta decisión sin duda contribuirá a elevar el nivel de nuestra sociedad. Es una buena noticia para la juventud andaluza y para las personas comprometidas con la idea de progreso.

Inmaculada Montalbán Huertas es magistrada Tribunal Superior Justicia Andalucía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de febrero de 2007