El Constitucional admite la recusación del PP contra el magistrado Pérez Tremps

El pleno del Tribunal Constitucional admitió ayer por seis votos contra cinco la recusación formulada por el Partido Popular contra el magistrado Pablo Pérez Tremps para impedir que pueda participar en las deliberaciones del recurso presentado por esa formación política contra el Estatuto de Cataluña. La ausencia de Pérez Tremps constituye un desequilibrio en la relación de las fuerzas entre progresistas y conservadores que coexisten en el Tribunal Constitucional y, de mantenerse esa proporción, -aunque está pendiente la renovación de algunos miembros- podría correr el riesgo de que se anulara el Estatuto. Es la primera vez en la historia que se recusa a un magistrado del Constitucional.

La presidenta María Emilia Casas y otros cuatro vocales, Pascual Sala Sánchez, Eugenio Gay Montalvo, Elisa Pérez Vera y Manuel Aragón Reyes, anunciaron votos particulares.

La decisión fue adoptada en medio de una gran polémica. Era la sexta vez que los magistrados se reunían para debatir sobre este asunto y aunque en un principio parecía que la resolución se podría adoptar en poco tiempo, las deliberaciones se prolongaron durante más de tres horas. Votaron a favor de aceptar la recusación Roberto García-Calvo, Ramón Rodríguez Arribas, Jorge Rodríguez-Zapata (ponente), Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Barrio y el vicepresidente Guillermo Jiménez Sánchez.

Por el momento sólo se ha notificado el fallo de la resolución y en los próximos días se harán públicos los argumentos jurídicos que contiene. Sin embargo, fuentes del Tribunal Constitucional señalaron que los seis magistrados que conformaron la mayoría alegaron que en Pérez Tremps concurre la causa decimotercera de recusación prevista en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El citado precepto establece: "Es causa de abstención y, en su caso, de recusación: Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".

Pablo Pérez Tremps, catedrático de Derecho Constitucional, elaboró un informe sobre las Relaciones exteriores de Cataluña, encargado en noviembre de 2003 por la Generalitat, presidida en aquel momento por Jordi Pujol. No obstante, el contrato fue suscrito por Pérez Tremps con Joan Saura el 8 de marzo de 2004, es decir, 13 meses antes de que fuera designado magistrado del Tribunal Constitucional. Pérez Tremps cobró 6.000 euros por su colaboración. La elaboración de este informe es considerado por los seis magistrados conservadores como un trabajo de parte que incide directamente en la causa de recusación alegada.

Restaurar el equilibrio

Sin embargo, los magistrados discrepantes, con la presidenta a la cabeza, consideran que se trata de una valoración realizada por su condición de profesor. Se le pidió su opinión y lo único que hizo fue recoger lo que dice la Constitución al respecto, sin hacer ninguna innovación. Destaca que las relaciones exteriores son competencia del Estado, que puede delegar funciones.

La resolución del Tribunal Constitucional es de tanta trascendencia para el futuro del Estatuto que, al haber sido elegido Pérez Tremps en el cupo del Gobierno para el Tribunal Constitucional, se baraja la posibilidad de que se le pida que dimita para poder designar otro candidato que pueda tomar parte en las deliberaciones y restaure el equilibrio perdido. Pérez Tremps, que había anunciado que renunciaría al puesto si se aceptaba la recusación no ha realizado ningún anuncio en ese sentido.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, calificó de "insólita" la decisión del Constitucional y expresó su "gran sorpresa" por la recusación. Por parte del PP, el portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, hizo "una valoración positiva" del fallo que da la razón a su partido. Según Trillo, la nueva situación "garantiza la neutralidad, la objetividad y la imparcialidad" del Tribunal en el debate sobre el Estatuto catalán.

Desde Cataluña, la primera reacción a la decisión del TC fue la de Esquerra Republicana (ERC), cuyo portavoz, Joan Ridao, la calificó como "desafortunada" y afirmó que "prefigura los peores augurios" para el Estatuto catalán. A su juicio, "no hay motivo racional" para la recusación, que en su opinión es una maniobra política. "La derecha política y mediática perseguía asegurarse una mayoría conservadora, partidaria de recortar aún más el Estatuto", dijo. El diputado de CIU Francesc Homs, que fue ponente de su partido en la redacción del Estatuto, dijo también que, "tal como han ido las cosas, se puede leer entre líneas que existen estrategias para desubicar a unos en favor de otros" y que el resultado es una "penosa deriva de politización partidista".