Del Ayuntamiento a la mazmorra

Un año aciago para quienes vieron en la función pública un canal de enriquecimiento personal. Así fue 2006, cuando por los calabozos, prisiones y juzgados han desfilado más alcaldes y concejales que en toda la democracia. En casi todos los casos relacionados con asuntos urbanísticos -competencia de la Administración local-, aunque también vinculados con concesiones irregulares de licencias de servicios municipales.

La cabeza del ránking de grandes corruptelas y tramas de fraude se localiza en el sur del mapa: en Marbella. La fiscalía de Málaga considera que los más de 70 detenidos en la Operación Malaya formaban "un grupo delictivo de guante blanco". Nunca antes se había disuelto un Consistorio y se había formado una comisión gestora para dirigir el municipio, como ocurrió en Marbella en abril pasado.

Alcaldes imputados y encarcelados, fianzas astronómicas, desfalcos millonarios, ediles fugados, conocidos empresarios en los calabozos, recalificaciones contra cualquier lógica legal o medioambiental... Éstos son los casos más importantes, atendiendo al número de detenidos e imputados, al dinero defraudado y al calado de la trama. En la mayoría de ellos el agujero en las arcas públicas está aún por determinar.

- Marbella (Málaga). La impresionante bolsa de corrupción del Consistorio marbellí no tiene parangón, ni por número de detenidos e imputados (74), ni por el dinero defraudado (el valor de lo confiscado supera los 2.400 millones), ni por la disolución del Consistorio. 20 concejales comparecieron ante el juez Miguel Ángel Torres imputados por delitos de cohecho, tráfico de influencias o prevaricación.

Todos ellos pasaron por prisión; también los ex alcaldes Marisol Yagüe y Julián Muñoz. En el caso marbellí no falta casi de nada, incluso cuenta con un fugado, Carlos Fernández, ex edil del Partido Andalucista. Se han descubierto más de una docena de testaferros, y están imputados cerca de una treintena de promotores, constructores y empresarios. El cerebro de la red de corrupción, Juan Antonio Roca, cobraba entre 50.000 y 600.000 euros a los promotores por favorecer sus negocios. Un solo empresario reconoció ante el juez haberle pagado seis millones de euros en comisiones ilegales. Muchos de los implicados debieron pagar fianzas astronómicas, de hasta medio millón de euros; y siete personas siguen en la cárcel.

- Telde (Gran Canaria). La operación policial y judicial desarrollada en el municipio grancanario ha provocado un goteo de detenciones, que comenzó el pasado mes de marzo. El escándalo salpicó al PP de lleno. El alcalde, Francisco Valido, y cinco concejales de ese partido -todo el equipo popular menos un edil- fueron detenidos el pasado 8 de noviembre. De las 26 personas imputadas por el presunto cobro de comisiones ilegales en el Consistorio de la localidad, 10 son militantes del PP. La mayoría de los implicados están imputados por falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La presunta cerebro de la trama, la concejal de Obras, María Antonia Torres, permaneció 62 días en la cárcel. Evitar su estancia en prisión o salir de ella tras ser encarcelados les supuso a los implicados entre 80.000 y 100.000 euros.

- Andratx (Baleares). La trama del municipio balear es menos llamativo por el número de personas implicadas, pero merece uno de los primeros puestos en la lista por el monto de lo presuntamente estafado, y por el alcance que puede tener dentro del PP en la isla, donde cayó como una bomba. El caso Andratx, que estalló el 27 de noviembre, llevó a la detención del alcalde del municipio, Eugenio Hidalgo; el director general de Ordenación del Territorio de Jaume Matas, Jaume Massot; y el celador de Obras del municipio, Jaume Gibert. Hidalgo y Gibert se encuentran actualmente en prisión. La investigación ha acreditado el cobro de al menos 740.000 euros, que presuntamente se repartieron estos dos imputados. Se les atribuyen delitos contra la ordenación del territorio, de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.

Según la tesis del fiscal, el ex alcalde ganó 1,8 millones en operaciones inmobiliarias que efectuó asociado a promotores. Mientras que la Fiscalía Anticorrupción calcula que éste recibió 1,1 millones en cohechos. La investigación atribuye 39 millones a supuestas ilegalidades en licencias, permisos de obras, y falsedades en certificados de suelo para convertir zonas protegidas en urbanas o en suelo rústico edificable.

- Ciempozuelos (Madrid). Las fianzas más abultadas fueron las impuestas a los ex alcaldes socialistas de este municipio madrileño. Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón abandonaron la cárcel tras abonar sendos pagos de 900.000 euros. Ambos ex regidores, imputados por cohecho y blanqueo de capitales, presuntamente depositaron algo más de un millón de euros en una entidad bancaria de Andorra, y pactaron con la inmobiliaria Esprode el pago de 40 millones de euros a cambio de varias recalificaciones urbanísticas en el municipio. Hace sólo unos días, el fiscal pidió la reapertura de la instrucción al considerar que algunos de los denunciantes del caso han podido utilizar las medidas cautelares del juez para dar pelotazos urbanísticos en la zona.

- Alahurín el Grande (Málaga). Juan Martín Serón, alcalde de esta localidad malagueña de 22.000 habitantes, es también miembro de la directiva regional del partido y diputado provincial en Málaga. Fue arrestado el 18 de enero en Marbella. Ese mismo día también fue detenido el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra. El juez les impuso una fianza de 100.000 euros, que el regidor logró reunir en apenas cinco horas. En su vivienda fueron intervenidos 63.000 euros, y otros 7.000 fueron hallados en su despacho. Ambos están imputados por prevaricación y cohecho, al pedir presuntamente a un promotor 100.000 euros a cambio de la concesión de una licencia de construcción, y paralizar hasta cuatro veces las obras de un bloque de viviendas cuya promotora, una farmacéutica de la localidad, presuntamente se negó a pagar 12.000 euros al Ayuntamiento.

- Santa Cruz de Tenerife. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), anunció recientemente que volverá a presentarse a la reelección. Esta declaración se producía días después de que el juez Baltasar Garzón incluyera su nombre entre los presuntos implicados de una derivación del caso de la estafa filatélica de Fórum. Pero ese no es el único asunto presuntamente irregular en el que ha incurrido este alcalde. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra él (por prevaricación y malversación de caudales públicos) y otras 10 personas -tres concejales, entre ellos los portavoces del PP y del PSOE, cinco técnicos municipales y dos empresarios- por una operación de compraventa de terrenos en la playa de Las Teresitas, con cargo a los presupuestos municipales.

- Mogán (Gran Canaria). En este pueblo grancanario el catálogo de presuntos delitos es amplio: prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio y del medioambiente, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios, malversación de caudales públicos, delito electoral relacionado con falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos. Cada una de esas acusaciones cayó como un aldabonazo sobre los cinco implicados. Uno de los aspectos más curiosos de ese caso es que la denuncia ante la fiscalía partió de dos antiguas ediles del PP, que no quisieron seguir soportando la pasividad del partido ante sus reiteradas denuncias. El alcalde popular, Francisco González, ostentaba la competencia de urbanismo. Además del primer edil fueron detenidas otras cuatro personas, entre ellas la primer teniente de alcalde, Onalia Bueno García. En este municipio a la corrupción urbanística se une un presunto delito electoral de compra de votos. Todos los imputados se encuentran en libertad sin fianza. El alcalde sigue ejerciendo su cargo en el Ayuntamiento.

- Castellón. El presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP está bajo sospecha desde el año 2003 por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y un posible fraude fiscal. Carlos Fabra está imputado por un asunto relacionado con la comercialización de productos fitosanitarios, y existe contra él una denuncia por no haber justificado la procedencia de ingresos en efectivo por un valor de 600.000 euros, así como el impago de cuotas del impuesto de la renta por unos 150.000 euros. El empresario Vicente Vilar le ha acusado de cobrarle cantidades millonarias a cambio de mediar ante la Administración central para agilizar autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios. A pesar de todo ha anunciado que se presentará a las próximas elecciones.

- Orihuela. (Alicante). Las investigaciones se centran en unas facturas presentadas a cobro por parte de la empresa Necso, y el abono, mediante decreto de la alcaldía, de un extra de 180.000 euros a la plantilla de esa empresa en 2004, para evitar una huelga. El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina (del PP), está además bajo sospecha por el uso de un vehículo Rolls Royce y un chalé propiedad de promotores locales beneficiados con adjudicaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Medina está imputado por delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos.

- Catral (Alicante). José Manuel Rodríguez Leal está imputado por dos delitos: uno de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. El alcalde socialista de Catral permitió la construcción masiva en suelo no urbanizable y sin licencia; algunas de las viviendas fueron levantadas en el parque natural de El Hondo. Se estima que esas construcciones generaron unos 80 millones en dinero negro. Rodríguez Leal dejó el partido, pero no ha renunciado a la alcaldía.