Negacionismo

Vuelve a las instituciones europeas el debate sobre la penalización de la negación del exterminio judío, cuyo precedente más interesante sea acaso la ley Gassot del 13 de julio de 1990, que castigaba a los que habrían de formar esa corriente que ya recibe el nombre de "negacionismo". Y a buen seguro será preciso dejar abierto el campo en el cual los "negacionismos" de la más diversa índole podrán hacer su agosto a costa del rigor historiográfico y siempre sirviéndose de esa inclinación del público por las "provocativas" y "transgresoras" tesis novedosas, que por fin nos "descubren" la falsedad de las "verdades oficiales".

Pero si de lo que se trata con esta defensa de la penalización del "negacionismo" es de lo que, sin temor a ser retorcidos, podemos llamar la "juridificación de la verdad", esto es, parapetar la verdad detrás de la fuerza coactiva del derecho, es obvio que la pregunta que antes habría que responder es si alguna vez los historiadores necesitaron una ley Gassot para abordar sus investigaciones, si alguna vez el público necesitó la protección de las autoridades para impedir la difusión de la mentira.

Los que, con esta "juridificación" aspiran a que la verdad no salga malparada, saben muy bien que una verdad defendida por el derecho deja de ser verdad y se convierte en acatamiento.

El castigo al mentiroso en nombre de un supuesto estado de necesidad que justificaría la represión de las tendencias historiográficas -y no sólo historiográficas- que niegan la obviedad, abre un limbo jurídico que sólo en nombre de ese estado de necesidad podría justificarse: pero tal estado de necesidad está todavía más necesitado de explicación que aquello que torpemente pretende explicar. A su vez, lo que tal inclinación supone para el derecho nos lo recordaba Walter Benjamin en su ensayo Para una crítica de la violencia: "No existe legislación alguna en la tierra que castigue la mentira. (...) Sólo ulteriormente y en un característico proceso de decadencia, la violencia jurídica penetró en esta esfera, declarando punible el engaño. (...) Y se vuelve contra el engaño no ya por consideraciones morales, sino por el temor a la reacción violenta que podría desencadenar en el engañado".