Interior retira del servicio a 16 guardias civiles por la manifestación de protesta

El Ministerio del Interior expedientó ayer a otros 16 guardias civiles por liderar la manifestación de agentes uniformados que reclamaron al Gobierno, en la plaza Mayor de Madrid, los derechos que el PSOE prometió reconocerles. Con éstos son 18 los agentes sancionados por "falta muy grave". La Guardia Civil los ha apartado del servicio tres meses de forma cautelar, y puede despedirlos. Fuentes del instituto armado afirman que habrá más sanciones, y que la treintena de líderes de la protesta, la cúpula de la principal asociación, serán apartados. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió: "El Gobierno no va a aceptar insubordinación ni chantajes".

La protesta de 3.000 guardias civiles uniformados en la Plaza Mayor de Madrid para exigir más derechos y en la que se oyeron gritos de "¡Zapatero, embustero!" deparó ayer nuevas sanciones a los organizadores. La Dirección General de la Guardia Civil expedientó el pasado 20 de enero, seis días después de la protesta, a dos de los líderes del acto: el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Joan Miquel Perpinyà, y su secretario de Comunicación, Juan Antonio Delgado. Uno lanzó la proclama pidiendo más derechos y el otro organizó el acto.

El Gobierno recibió quejas de la cúpula militar, que teme la propagación de las reivindicaciones al Ejército, y extendió ayer la sanción a otros 16 guardias. Con éstos ya están sancionados la mayoría de los aproximadamente 28 miembros de la asociación que subieron a la tribuna. Allí estaban los ocho miembros de la cúpula directiva de la asociación y la mayoría de sus secretarios provinciales. Los expedientes no han sido notificados a los agentes afectados, por lo que aún no saben los nombres de los apartados. Interior tiene seis meses para incoar los expedientes por la protesta.

La dirección de la Guardia Civil les atribuye una "falta muy grave" de disciplina, tipificada en el artículo 9.9 del régimen disciplinario del instituto. Este artículo castiga "observar conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la institución que no constituya delito".

El expediente será tramitado por un instructor militar, pero mientras se dirime -la AUGC ha logrado el archivo de muchos expedientes a sus afiliados- la Dirección General de la Guardia Civil ha impuesto que los agentes sean apartados del servicio durante tres meses. Esto no significa suspensión de empleo ni de sueldo sino una separación "en atención a la gravedad" de la protesta.

Permiso sin uniforme

Los agentes tenían permiso para manifestarse pero no advirtieron de que irían de uniforme, lo que la convirtió en una protesta inédita, que irritó a la cúpula militar y puso en un grave aprieto al Gobierno.

El régimen disciplinario prevé para estas infracciones pérdida del escalafón, suspensión de empleo de hasta un año o separación del servicio, medida que sólo puede ser impuesta por el ministro de Defensa.

La AUGC cuenta con 24.700 afiliados de los 70.000 guardias civiles, por lo que representa a más de un tercio de los agentes. En la campaña de las elecciones legislativas de 2004, Jesús Caldera, actual ministro de Trabajo, prometió desmilitarizar el cuerpo y el PSOE se comprometió en su programa a "suprimir la sanción de arresto para las infracciones de los guardias civiles relacionadas con la seguridad ciudadana". Asimismo, propuso "atribuir en exclusiva al Ministerio del Interior y mandos de la Guardia Civil las competencias sancionadoras y evitar la concurrencia con el Código Penal Militar" así como "regular el derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil". La asociación, que de hecho actúa como un sindicato, critica que el anteproyecto de la Ley del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil aprobado el pasado enero por el Gobierno incumple sus compromisos electorales.

El Sindicato Unificado de Policía reiteró su apoyo incondicional a los agentes expedientados. Por su parte, la AUGC mantuvo su posición reivindicativa y anunció que las consecuencias de los expedientes son "imprevisibles".

Cumplir la ley

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no confirmó, tras el Consejo de Ministros de ayer, la apertura de los expedientes a los guardias civiles. No obstante, resaltó que "el Gobierno no va a aceptar ni insubordinaciones ni chantajes", en alusión a la manifestación de uniforme, que el Ejecutivo considera una "infracción". La vicepresidenta primera se remitió al director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, que tiene que hacer "cumplir el régimen disciplinario de la Guardia Civil".

Fernández de la Vega aseguró, también, que el Gobierno "está realizando avances que nunca se habían producido en el instituto armado, tanto en las condiciones laborales y retributivas de los agentes como en la coordinación de la actuación de la benemérita con otros cuerpos policiales".

El Ejecutivo mantiene su compromiso electoral de "regular el derecho de asociación de los guardias civiles y de suprimir las sanciones para infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana", manifestaron ayer fuentes gubernamentales.

Asimismo, la vicepresidenta presentó, tras la reunión del Consejo de Ministros, la Oferta de Empleo Público para 2007, una de cuyas prioridades es la seguridad ciudadana, con la creación de 5.580 plazas de guardias civiles, la cifra más alta desde 1991 y que supone un aumento del 37% respecto a 2006. A estas plazas se unen las 45 de la Escala Superior de Oficiales.

Fernández de la Vega insistió en que el aumento de plazas es "consecuencia de la disminución de efectivos entre 1999 y 2003 y de la necesidad de que la Guardia Civil contribuya a mejorar la seguridad ciudadana y la colaboración en operaciones internacionales". La Oferta de Empleo se complementa con un aumento de 5.575 plazas de policías nacionales, para mantener la recuperación de efectivos desde 2005.