El alcalde de Catral admite a la juez que permitió casas ilegales

El alcalde de Catral, el ex socialista José Manuel Rodríguez Leal, admitió ayer ante la juez la ilegalidad de 1.200 casas construidas en suelo no urbanizable del municipio. El regidor reconoció que las viviendas se levantaron sin permiso o con licencia menor (refugio de labor o vallados) y, además, que la mayoría de las edificaciones las promovió su cuñado con la mercantil Grufade, presidida por María Ángeles Rodríguez Leal, hermana del alcalde. El primer edil destacó que ninguna de las construcciones invade el parque natural de El Hondo.

Rodríguez Leal compareció ayer ante la magistrada Natividad Navarro, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Orihuela, imputado por los supuestos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. La denuncia fue presentada en agosto de 2004 por la Asociación Europea de Usuarios y Consumidores de Urbanismo (AECU).

Según fuentes próximas al caso, el alcalde admitió que la mayoría de las construcciones fueron realizadas sin licencia o con licencia de obra menor. Rodríguez subrayó que los permisos los otorgó la comisión de gobierno con el informe favorable de los técnicos, y que cuando el Ayuntamiento detectaba obras ilegales abrió los correspondientes expedientes sancionadores. Pero señaló que no decretó "orden de paralización cuando las casas estaban terminadas, sólo sanción económica". Rodríguez Leal rechazó que se construyera dentro del parque natural de El Hondo. El alcalde destacó que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Catral, vigente desde 1985 "está saturado, actualmente está en trámite de revisión y se ha remetido a la Generalitat Valenciana el preceptivo concierto previo". En cuanto a la demolición de las casas ya construidas, el Rodríguez señaló que estará en función "de lo que acepte la consejería [de Territorio, en alusión a la revisión del PGOU]".

El regidor admitió que entre los constructores que realizaron obras ilegales se encuentran familiares directos, en concreto su hermana, su cuñado y su sobrino. El alcalde negó que hubiera orientado a los promotores cómo construir las casas, extremo recogido en las actas del Seprona. "Nunca he recibido ni a promotores ni constructores con el fin de consentir construcciones de viviendas", dijo Rodríguez Leal.

Rodríguez Leal rehusó contestar a las preguntas de la acusación particular y sólo contestó a las de la juez, el fiscal y el letrado de la Generalitat, también personado en la causa.

El alcalde, que declinó hacer comentarios, contó con el respaldo de unos 15 vecinos, la mayoría militantes del PSPV de la localidad. A las puertas del juzgado también se concentraron una decena de ex militantes socialistas de Orihuela, disfrazados de monaguillos, para censurar su gestión.

El PSPV suspendió de militancia del alcalde el pasado enero, al confirmarse su imputación. El Consell intervino las normas urbanísticas del Ayuntamiento el pasado 3 de octubre de 2006, en vísperas del debate de la moción de censura del líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.