La fiscalía pide inhabilitar 10 años por prevaricación a Joan Barios, ex subdelegado de Lleida con el PP

La Fiscalía de Lleida pide 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para Joan Barios, ex subdelegado del Gobierno en Lleida durante el mandato del PP, por un presunto delito de prevaricación. Esta acusación está relacionada con varias irregularidades descubiertas hace tres años en la Oficina Única de Extranjería en la tramitación de expedientes para la regularización de inmigrantes.

El fiscal solicita idéntica pena para los miembros del PP Salvador Puy, ex asesor de Barios, y Lorenzo Echarri, ex delegado de Trabajo en esa época, y para el ex jefe de la oficina de Extranjería, el policía nacional José María Vieites, para quien se pide otra pena de cuatro años de prisión y 1.200 euros de multa por falsedad en documento oficial.

El fiscal sostiene que hay indicios suficientes para juzgar a estas cuatro personas por su participación en una trama de corrupción descubierta en la Oficina de Extranjería de Lleida, donde según los investigadores se tramitaron de forma irregular entre agosto de 2001 y diciembre de 2003 más de 300 expedientes de inmigrantes, dando trato de favor a determinadas solicitudes que llegaron con notas manuscritas de Barios y Puy.

La Oficina de Extranjería de Lleida estuvo bajo sospecha durante todo el mandato del PP, especialmente a partir de febrero de 2003, cuando un funcionario de la misma, Miguel R. M., fue detenido por un presunto delito de prevaricación y falsificación de documento público. La Guardia Civil descubrió que una veintena de permisos de residencia se tramitaron de forma irregular; algunos correspondían a mujeres que ejercían la prostitución en locales de alterne de la provincia. Sin embargo, el juez archivó el caso por falta de pruebas.

Algunos expedientes analizados por los Mossos se resolvieron en un tiempo récord -entre un día y un mes-, cuando el proceso legal no podía ser inferior a tres meses. En esa época, la Oficina de Extranjería de Lleida tenía sólo 13 funcionarios para resolver 37.000 expedientes. Los investigadores comprobaron que en ese periodo se aprobaron hasta 8.214 solicitudes, un número muy elevado para una provincia de las dimensiones de Lleida, con unas necesidades de mano de obra muy específicas.

De 1.772 expedientes revisados, 1.522 habían sido tramitados por tres funcionarias que denunciaron prácticas irregulares por parte de los responsables de la Administración. Este trato de favor, según se desprende de las pesquisas, se concedía a particulares pero, principalmente, a empresas de trabajo temporal -una de ellas vinculada a un militante del PP- y a cooperativas.