El Gobierno autoriza el primer almacén de residuos radiactivos al aire libre

El Gobierno ha dado luz verde a la construcción del primer almacén de residuos radiactivos a la vista en España. Albergará el combustible de la central nuclear de Zorita (Guadalajara), cerrada en abril de 2006, sobre una plataforma de hormigón en 16 contenedores blindados y al aire libre. Las obras tendrán un coste de 4,5 millones de euros y se realizarán en seis meses, pero no se recibirán contenedores hasta 2009. El Ejecutivo ha optado por autorizar el almacén al no tener aún el emplazamiento del cementerio centralizado, que en teoría debería construirse en 2010.

El proceso de desmantelamiento de Zorita, la central nuclear más vieja de España, cumple el calendario prefijado en 2002, al margen de una moción de las Cortes y del Sexto Plan de Residuos Radiactivos aprobado en junio de 2006, que preveían la construcción de un almacén temporal centralizado (ATC) para albergar a partir de 2010 todos los residuos radiactivos procedentes de las centrales nucleares que operan en el país.

Los ministerios de Industria y Medio Ambiente han otorgado ya la autorización definitiva a la compañía titular de la central nuclear de Zorita, Unión Fenosa, para que construya el primer almacén temporal de residuos radiactivos individualizado (ATI) a la intemperie que se realiza en España. El único depósito de residuos similar existente es el que alberga en una instalación techada los residuos que genera la central nuclear de Trillo, en la misma provincia de Guadalajara, cuyas piscinas tienen una capacidad reducida de almacenamiento.

Aunque el nuevo depósito no requiere tecnologías singulares, cuesta 4,5 millones de euros que serán reembolsados a Unión Fenosa por la empresa pública Enresa (encargada de gestionar todo tipo de residuos radiactivos en España), cuando haya concluido el desmantelamiento de la nuclear en 2015.

El almacén tendrá que estar disponible en 2009, y consiste en una losa antisísmica de hormigón de 462 metros cuadrados y un metro de espesor. Va protegido por un doble vallado de seguridad de cuatro metros de altura y otro exterior de protección radiológica.

La solución más barata

Sobre esta losa se depositarán inicialmente los 16 contenedores de múltiple propósito (transporte y almacenamiento) para albergar los residuos radiactivos. Estos contenedores, fabricados y licenciados en Estados Unidos, están avalados tanto por Enresa como por el Consejo de Seguridad Nuclear. Cada contenedor cuesta entre 1,7 y 1,8 millones de euros, casi la mitad que los de Trillo.

El alcalde de Almonacid de Zorita, Gabriel Ruiz del Olmo, del PP, que trabaja en formación como operador de sala de la central advierte de que el gasto de construcción de este almacén se habría evitado si el Gobierno hubiera sido diligente con la puesta en marcha del ATC. Ruiz del Olmo lamenta que hayan aparecido ya pintadas en su municipio contra el almacén recién autorizado.

En el Ministerio de Industria se meditó un aplazamiento antes de autorizar el ATI de Zorita. "Se discutió mucho la decisión", apunta un portavoz. "No se puede iniciar el desmantelamiento de la central sin tener a mano un almacén para depositar el combustible de las piscinas. Y tampoco teníamos la seguridad de que el ATC esté disponible en el plazo previsto. Así que se ha optado por una solución barata, la construcción de una losa sencilla. Si en el transcurso del desmantelamiento está resuelto el ATC, los contenedores se desplazarían inmediatamente a ese depósito centralizado".

El proceso de selección de una sede definitiva para guardar las más de 3.300 toneladas de residuos radiactivos existentes, que debía haber concluido en diciembre pasado, se aplazó. Gobierno y ayuntamientos tratan de evitar que se utilice como arma arrojadiza en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales, a raíz de la oposición de los vecinos veraneantes contra el alcalde del pequeño municipio de Peque (Zamora) por solicitar información sobre las ventajas y desventajas de un ATC. También generó protestas en municipios de Cáceres y Burgos, alentadas en algunos casos por los mismos diputados que habían aprobado en el Congreso esta solución.

La comisión interministerial encargada del proceso de selección amplió el plazo de solicitud de información hasta el próximo mes de marzo.