Guipúzcoa indica que el consistorio donostiarra debió atender al indigente que murió de frío

La diputada guipuzcoana para los Derechos Humanos, el Empleo y la Inserción Social, Mari Carmen Marín, aseguró ayer que la atención al indigente Francisco Barrena, fallecido el pasado 15 de diciembre en San Sebastián tras pasar varias noches de intenso frío en la calle, era competencia del Ayuntamiento donostiarra. Marín, quien compareció ante las Juntas Generales para informar sobre la actuación de su departamento en este caso, destacó que los ayuntamientos de localidades de más de 20.000 habitantes tienen la responsabilidad de atender este tipo de emergencias sociales.

El indigente falleció en un hospital de San Sebastián al que fue evacuado por un particular, quien reclamó sin éxito a diferentes instituciones y servicios de urgencia que efectuasen el traslado para impedir que Barrena muriese de frío en la calle.

Marín argumentó que en el anterior protocolo del consistorio donostiarra "no quedaba claro cuál era la entidad que tenía que llamar a un facultativo" que determinase que existía una situación de "riesgo vital" que justificara una evacuación del indigente "en contra de su voluntad", como era el caso.

La diputada precisó que Barrena era "absolutamente un desconocido" para los servicios forales de urgencia social, que no tienen competencias en San Sebastián, y porque el indigente "no quiso saber absolutamente nada" de los mismos.

Responsabilidad cumplida

La juntera socialista y concejala de Bienestar Social en el consistorio donostiarra, Susana García Chueca, sostuvo que el Ayuntamiento cumple con su responsabilidad al contar con los centros de acogida exigibles a sus competencias. Precisó que las reformas introducidas en los servicios asistenciales establecen que es la Guardia Municipal la que debe avisar a un médico para hacer un diagnóstico en un caso como el del indigente que permita su evacuación y aclaró que la Guardia Urbana dio parte de la situación a Osakidetza sin que Barrena recibiera atención.

Agregó que la atención de una persona que durante años vive en la calle no representa una "situación de urgencia" y abogó por profundizar en la colaboración institucional para evitar que se repitan situaciones similares.

La juntera popular Mari Asun Guerra pidió que los protocolos de actuación institucional sean flexibles para evitar consecuencias tan graves, mientras que el procurador de Ezker Batua Jon Lasa y la de Aralar Rebeka Ubera opinaron que no queda claro en qué consiste la atención del servicio foral de emergencia en estos casos.

Luis María Ormaetxea, de Eusko Alkartasuna, agradeció la información facilitada por la diputada, al igual que hizo Arrate Albisu, representante del PNV, quien también reclamó que se intensifique la colaboración interinstitucional.