El Ejecutivo rechaza la propuesta del PSE que le obligaría a presentar un plan legislativo

El Ejecutivo formalizó ayer su rechazo a la proposición no de ley presentada en la Cámara por los socialistas en la que plantean cambiar la Ley de Gobierno para obligar a los futuros ejecutivos a presentar, un mes después de su constitución, el calendario legislativo para todo el mandato.

El criterio contario del Gabinete, aprobado ayer en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, responde a que la propuesta "ignora la naturaleza y carácter del principio de separación de poderes y, sobre todo, de la función de control del Poder Ejecutivo que corresponde al Poder Legislativo".

El Gobierno rompió en 2005 con su costumbre de proporcionar a los grupos parlamentarios un calendario legislativo. La Cámara aprobó en octubre pasado una moción en la que instaba al Ejecutivo a hacerlo antes de fin de año, pero éste no ha cumplido ese mandato y el PSE trata ahora de forzale por ley.

Para el Ejecutivo, la ausencia de un programa así no supone restar posibilidades a la oposición, ni "un fraude a la ciudadanía", ya que el Reglamento de la Cámara incluye mecanismos de control, "entre los que no se encuentra la fórmula pretendida".

El Gobierno considera que cambiar la norma como pretende el PSE supondría cambiar de hecho el modo de control al Ejecutivo. Tras asegurar que ningún país del entorno cuenta en su legislación con una norma similar, el Gabinete recalca que existen suficientes normas para su control. La decisión final de aprobar o no la proposición corresponde al Parlamento.

Ley de Aportaciones

El Ejecutivo también aprobó durante su reunión de ayer la modificación del reglamento del taxi para facilitar el control de la jornada laboral de los profesionales, propuesta defendida por algunos municipios. Los taxímetros deberán incluir además del precio del transporte, la duración de la jornada laboral.

El Consejo aprobó igualmente el anteproyecto de ley de Aportaciones para el quinquenio 2007-11, tras el acuerdo alcanzado el pasado día 18 por las tres diputaciones y el Ejecutivo en el seno del Consejo Vasco de Finanzas. El texto recoge la variación del coeficiente vertical, el que determina los fondos que van al Gobierno, que pasa del 70,44% al 70,04% con el objeto de mejorar la financiación municipal.

Otro de los cambios es la creación de un nuevo ajuste a la recaudación entre las diputaciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido para solucionar el conflicto generado por el IVA de las operaciones asimiladas a la importación (hidrocarburos, tabacos y alcoholes).

El proyecto de ley de Aportaciones incluye también la constitución de un Fondo General de Ajuste, que sustituye al de Solidaridad, como mecanismo de corrección de los desequilibrios en la recaudación entre los distintos territorios.