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Anticorrupción implica a Villalonga en la insolvencia de Sintel

El ex presidente de Telefónica provocó "conscientemente" la quiebra

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado que Juan Villalonga, ex presidente de Telefónica, declare como imputado en el caso Sintel. La imputación de Villalonga en la presunta venta delictiva de esta ex filial de Telefónica al cubano Jorge Mas Canosa se basa, según Anticorrupción, en que tuvo "participación notable en la causación y agravación de la insolvencia de Sintel", situación que provocó "conscientemente" y se tradujo en la quiebra de la empresa.

El contundente escrito presentado ante el juez instructor del caso Sintel -Santiago Pedraz, titular del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional-, por Anticorrupción da un giro copernicano a la causa, iniciada en 2001 por una querella de esa institución por un delito de insolvencia punible. Dos factores han influido en el golpe de timón: el juez Pedraz, contra el criterio de alguno de sus predecesores, decidió ir a fondo en este asunto. Y Anticorrupción, bajo el mando de Antonio Salinas, no puso pegas para investigar algo que podría salpicar a personajes tan destacados como el ex compañero de pupitre de Aznar, Juan Villalonga, el hombre que pilotó la privatización de Telefónica (fue nombrado por el Gobierno de Aznar en junio de 1996) e impulsó un proyecto mediático con los fondos de la empresa.

Todas estas coincidencias han pesado para que sólo ahora, tras seis años de sumario, aflore como imputado quien fue responsable de Telefónica en relación con la venta de una filial de la firma. Aunque se produjo en abril de 1996, más de un mes antes de su llegada, Villalonga supuestamente tuvo mucho que ver con el agravamiento de sus efectos. En la causa, previamente, figuraban como imputados su antecesor, Cándido Velázquez, nombrado por el PSOE, y dos hijos del fallecido Jorge Canosa, promotor de la fundación Nacional Cubana Americana.

¿Qué conducta punible atribuye Anticorrupción a Villalonga y sus subordinados? La Fiscalía detecta cuatro hechos que causaron la insolvencia de Sintel.

1. El 30 de abril de 1996, Telefónica vende Sintel a Mas Tec Incorporated, que utilizó para ello la filial Mas Tec International Incorporated.

2. El 30 de diciembre de 1998 se celebra un contrato de reconocimiento de deuda, compromiso de pago y afianzamiento, en el que intervienen Telefónica, Mas Tec International y Sintel, que se convierte en fiadora solidaria de la deuda que mantenía Mas Tec International como consecuencia de la adquisición de la propia Sintel.

3. El 30 de diciembre de 1998 se celebra otro contrato por el que se produce la transmisión del 87% de las acciones de Mas Tec International a favor de cinco sociedades, cuatro de ellas domiciliadas en las Islas Vírgenes británicas.

4. El 30 de diciembre de 1999 se acuerda transmitir las filiales extranjeras de Sintel en Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Brasil y México a la mercantil Sintel International Corporation, domiciliada en las Islas Vírgenes.

Anticorrupción entiende que los cuatro hechos señalados fueron los "más relevantes" en la causación y agravación de la insolvencia de Sintel. Y esto arrastraría a las personas imputadas en dicho escrito, con Villalonga a la cabeza, ya que "habrían provocado conscientemente dicho resultado y, además, se encontraban en una situación de responsabilidad que les permitía conocer la relevancia o trascendencia que sus conductas iban a tener en el patrimonio de Sintel, y por consiguiente, en el de los diferentes acreedores, singularmente en el de sus trabajadores".

¿Cuál fue la trascendencia de tales pasos en la insolvencia? Anticorrupción lo deja claro. "Dados los reiterados incumplimientos en los pagos por parte de Mas Tec International (sólo había abonado 1.507 millones del total de 4.900 millones por el que había adquirido Sintel)", el 30 de diciembre de 1998 firma su citado acuerdo con Telefónica y Sintel por el que reconoce adeudar 3.551 millones, más los intereses. Pero lo grave fue el añadido de este compromiso: si Mas Tec International dejaba de pagar la compra de Sintel, la única perjudicada y pagadora sería, paradójicamente, la filial vendida.

El fiscal atribuye la responsabilidad a Villalonga, Más Millet, Lozano y Casado (presidente, secretario general, vicesecretario general y apoderado general, respectivamente, de Telefónica), a la totalidad del Consejo de Administración de Sintel y a quienes gestionaban Mas Tec International. La operación infringía la Ley de Sociedades Anónimas, que prohíbe financiar la compra de sus acciones. Casualmente, tras la firma de dicho contrato, "Mas Tec International dejó de pagar los plazos establecidos, de manera que, según habían pactado realmente las partes, desde ese momento los pagos se fueron efectuando por Sintel. En concreto, Sintel tuvo que hacer frente a 1.973 millones de pesetas hasta el 31 de diciembre de 1999". Sintel siguió pagando, lo que contribuyó a su penuria económica.

Operación calculada

El fiscal detalla que fue una operación minuciosamente calculada para el "vaciamiento definitivo patrimonial". Y con un proyecto de blindaje para eludir responsabilidades. Según Anticorrupción, la venta en 1998 del 87% de las acciones de Mas Tec International, propietaria única de Sintel, a F. G. Newco y otras cuatro firmas radicadas en paraísos fiscales tuvo como único fin "dar opacidad a la titularidad de Sintel".

No obstante, detrás de tales empresas pantalla, según Anticorrupción, se hallaban los imputados, los hijos de Mas Canosa y otros inversores españoles. En suma, según el fiscal, los imputados implantaron un modelo de gestión que, coherente con sus "ilícitos propósitos", no pretendía impulsar la actividad industrial de Sintel, sino hacer de ella un "mero instrumento al servicio de sus intereses particulares y con menosprecio absoluto de los trabajadores y acreedores". Este saqueo patrimonial dejó en la calle a unos 2.000 trabajadores.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de enero de 2007