Más leña para el buen gobierno

Cómo debe organizarse y gestionarse una empresa que sale a los mercados en busca de dinero para financiar sus planes o buen gobierno corporativo se ha convertido en uno de los grandes debates económicos de los últimos años. Entre expertos, empresarios y legisladores. Tras años de discusión y decenas de libros después, llega ahora la opinión de Blas Calzada. No es un experto desinteresado. Ni poco cualificado. Calzada fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el órgano supervisor de los mercados españoles, entre 2001 y 2004, precisamente cuando el debate sobre el buen gobierno alcanzo su último pico, cuando tras el escándalo Gescartera, que siguió a los estadounidenses de Enron y Worldcom, y al italiano de Parmalat y a tantos otros, los Gobiernos de medio mundo empezaron a plantearse si debían meter mano a la cuestión para proteger a esos millones de pequeños accionistas que parecían desprotegidos cuando venían mal dadas.

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Para llegar a este análisis crítico, Blas Calzada parte de la revisión de una treintena de estos códigos, de distintos países y de organizaciones como la OCDE o la Unión Europea. Todos ellos coinciden en algunas características. Son voluntarios. Es decir, que ninguna empresa tiene la obligación de cumplir sus recomendaciones: cómo debe ser su consejo de administración -presencia de consejeros independientes, mujeres, tamaño, comisiones-, la retribución de sus consejeros o la información que la empresa debe transmitir a los mercados. Y suelen tener como objetivo último vigilar al equipo directivo para que éste no abuse de poder en perjuicio de los accionistas.

Tras analizar estos mimbres, el autor se centra en el desarrollo del buen gobierno en España. El primer intento, en 1998, fueron las 23 recomendaciones del Código Olivencia. Cuatro años después, con los escándalos frescos, el Gobierno del Partido Popular volvió a crear una comisión de expertos para actualizar la cuestión. El resultado fue el llamado Informe Aldama, que no sustituía al anterior, y dos leyes, la financiera y la de transparencia de los mercados. Estas últimas cambiaron radicalmente el escenario, pues las empresas debían cumplir sus disposiciones. Desde 2003, cuando entraron en vigor, las cotizadas españolas están obligadas a dar un mínimo de información (en un informe de buen gobierno de carácter anual y a través de sus paginas web) y a contar con un comité de auditoría para vigilar las relaciones con el auditor externo.

El último paso ha sido la fusión de los informes Olivencia y Aldama. El análisis del llamado código unificado da lugar, quizás, a los capítulos más jugosos de este libro de más de 450 páginas. Aunque no rechaza de plano el borrador propuesto por la CNMV, su ex presidente se muestra crítico -por ejemplo con el hecho de que muchas de las observaciones del código estén ya recogidas en las leyes o podrían haber aparecido en su desarrollo reglamentario- y pide una modificación del cuestionario que las empresas deben cumplimentar, para hacerlo más claro y comprensible.

En cuanto a la redacción final, Calzada reconoce las mejoras de forma, si bien subraya que la mayoría de los cambios de fondo son supresiones, resultado de la presión que recibió el supervisor de los mercados. Otros defectos que, según el autor, se mantienen son el exceso de recomendaciones y la confusión que rodea a algunas de ellas. En definitiva, este código es "demasiado enrevesado y confuso". De hecho, según un análisis hecho por este periódico hace una semana ni una sólo de las compañías del Ibex 35 lo cumple, por lo que en los próximos informes de buen gobierno deberán explicar por qué se alejan de sus recomendaciones.

A pesar de la vigencia del tema, de la lectura fácil y de la clarísima estructura del libro, este volumen, que ha sido editado por el Instituto de Estudios Económicos, tiene un mercado reducido: expertos y, sobre todo, directivos de empresas cotizadas a los que la avalancha de cambios producidos en los últimos años y que, según Calzada, seguirán en el futuro, trae de cabeza.