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La investigación destapa la compra de sufragios para el PP en Mogán

"Ya tengo 300 votos", informó un implicado a la primera teniente de alcalde

La investigación de la presunta trama de corrupción municipal del Ayuntamiento grancanario de Mogán ha arrojado indicios de un delito electoral a favor del PP. Uno de los detenidos, Manuel de León Toledo, se dedicó a la compraventa del voto de turistas a los que lograba empadronar como falsos residentes a cambio de garantizar su sufragio a favor del PP. En una charla intervenida con la primera teniente de alcalde, Onailia Bueno (PP), alardeaba de lo siguiente: "Ya tengo 300 votos. Yo esto lo hago por el partido". El juez les imputa a ambos delito electoral.

Manuel de León Toledo era un fontanero en la sombra de la primera teniente de alcalde de Mogán, municipio grancanario de 15.000 habitantes. Lo alternaba con sus negocios de artes gráficas e inmobiliarios. Aparentemente, según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía, recibía encargos de operaciones muy delicadas de la número dos del Gobierno municipal, Onalia Bueno García, del PP.

Precisamente, merced a la gestión de una serie de apartamentos turísticos por León, entre ambos pusieron en marcha un ingenioso plan para allegarse votos ilegalmente para el PP. León ofrecía a sus clientes temporales de apartamentos -ya fueran a ocuparlos una semana o un mes- empadronarlos oficialmente en Mogán. Para dar cobertura a su artimaña, les simulaba un contrato de alquiler no turístico, sino de larga duración, lo que demostraba su arraigo en el municipio y, por tanto, su derecho a votar. Entre ambos, tramitaban todo el papeleo. El turista, ya fuera extranjero o peninsular, aceptaba encantado, porque en tanto que residente oficial en Canarias, lograba la reducción del 50% en los vuelos a la península. Por tanto, ahí obtenía un pago en especie el turista. Y qué les exigía a cambio León: que emitieran su voto al Partido Popular en las próximas elecciones. La operación tuvo fortuna a tenor de las grabaciones registradas por la policía durante los diez meses que ha durado la investigación de esta presunta trama municipal corrupta asentada en el Ayuntamiento de Mogán.

No en vano, en una de ellas León hace alarde de sus progresos de compra de votos en una charla con la primera teniente de alcalde. "Ya tengo 300 votos. Yo esto lo hago por el partido", proclamaba un eufórico León. Este puñado de votos podía tener un papel decisivo en las elecciones locales. Porque el último censo electoral de Mogán daba una población con derecho a voto de sólo 8.600 vecinos. Y esos 300 votos -o más de no haber sido detenido- podrían decantar ilegalmente una mayoría popular.

León, abrumado por lo evidente de la grabación citada, no ha tenido empacho en reconocer en los interrogatorios tras su detención que, efectivamente, realizó tal labor y por encargo de la citada edil popular. El juez le ha imputado un delito electoral con falsedad documental, al igual que a su jefa. ¿Cuántos votos compró antes de que su labor fuera vigilada por las fuerzas de Seguridad? No hay datos aún definitivos en la investigación.

Por otro lado, el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de San Bartolomé de Tirajana decretó ayer libertad sin fianza para el alcalde de Mogán, José Francisco González (del PP), aunque le mantiene los cargos por seis presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio y del medioambiente, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y malversación de caudales públicos, informa Juan Manuel Pardellas. El alcalde compareció ante el juez durante más de tres horas, tras permanecer dos días custodiado por la policía, ante la que se acogió a su derecho de no declarar. Tras su comparecencia, el juez citó a la primera teniente de alcalde, también del PP, Onalia Bueno García, que también quedó en libertad sin fianza, aunque con cargos de siete presuntos delitos: prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, posible delito electoral relacionado con falsedad documental y, por último, posible delito de descubrimiento y revelación de secretos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de enero de 2007