Interior estudia sancionar a los convocantes de la manifestación de guardias civiles

La manifestación de 3.000 guardias civiles el sábado en Madrid ha puesto al Ministerio del Interior en un atolladero. El director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha encargado un informe jurídico para determinar si los agentes cometieron alguna ilegalidad o falta disciplinaria por concentrarse de uniforme, actuar como un sindicato o insultar al presidente del Gobierno. Los letrados se inclinan por abrir expediente por falta grave a los dirigentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles que convocaron la protesta o a la treintena de agentes que estuvieron en el escenario, pero no al resto.

La protesta de la AUGC para reclamar al PSOE que cumpla sus promesas electorales amenaza con romper las relaciones privilegiadas de dicha asociación con la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior. La víspera del acto, diputados del PSOE intentaron disuadir a los convocantes para que anularan la manifestación por las consecuencias que podía acarrear. La AUGC, que asegura tener 25.000 asociados, contestó que lo único que pedían es que los socialistas cumpliesen sus promesas electorales de aprobar un nuevo régimen disciplinario que anulase las penas de arresto y un nuevo catálogo de derechos y deberes de los guardias, que incluyese el derecho de asociación reivindicativa.

Los convocantes sabían que no podían manifestarse de uniforme, pero lo hicieron a sabiendas de que así se aseguraban la máxima atención y generaban polémica. También sabían que la protesta de uniforme iba a causar un fuerte malestar en sectores del instituto armado, especialmente entre los mandos. De hecho, oficiales del cuerpo consultados por este diario, desde capitanes a generales, han calificado de "gravísimo" e "inconcebible" la protesta. Del mismo modo, sospechaban que la protesta daba una herramienta a la oposición para atacar al Gobierno.

Con todos estos mimbres, la protesta se celebró el sábado, sin incidentes, con un gran servicio de orden y con un cordón de seguridad del propio instituto armado. El lunes pasado, Mesquida encargó a los servicios jurídicos del instituto armado un informe jurídico para determinar si los manifestantes habían cometido una ilegalidad al manifestarse, pese a que contaban con el permiso administrativo de la Delegación del Gobierno en Madrid. Dicho informe no es vinculante, pero en caso de determinar que hubo algún tipo de falta disciplinaria, o incluso delito, obligaría a Mesquida a abrir expediente. "Si no lo hiciera así, cometería prevaricación", aseguran mandos del instituto armado.

Los jurídicos, según las mismas fuentes, hicieron ayer una primera valoración sobre lo ocurrido el sábado. A su entender, la manifestación podría constituir una falta grave, tipificada en los artículos 8.3 y 8.17 del vigente régimen disciplinario de la Guardia Civil. El primer precepto considera grave el que los guardias, que han jurado defender y respetar las instituciones, se salten "su deber de neutralidad política, realizando actos irrespetuosos o emitiendo públicamente expresiones contrarias al ordenamiento constitucional, a los símbolos, instituciones o autoridades del Estado, de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales, a los parlamentarios o a los representantes de otros Estados".

En este tipo se podría incluir la sanción por haber insultado al presidente del Gobierno -se coreó el grito de "Zapatero embustero"-, aunque los uniformados que subieron al escenario montado en la Plaza Mayor se cuidaron de no entonar ese verso. El 8.17 persigue el "hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas, o formularlas con carácter colectivo". En ambos casos, la sanción podría ser de pérdida de cinco a veinte días de haberes (suspensión de sueldo), arresto de un mes y un día a dos meses en establecimiento disciplinario militar y pérdida de destino.

La potestad sancionadora es del director general pero, al ser una falta grave, tendrá que darse parte a la fiscalía militar. Fuentes consultadas de los ministerios de Defensa e Interior indican que todo apunta a que se abrirá expediente a la treintena de agentes que subió de uniforme al escenario, pero no a los guardias que estaban abajo, en la Plaza Mayor. Además, posiblemente se decida sancionarles con una pérdida de haberes de cinco días. "Lo que está claro es que no tenemos más remedio que actuar, porque puede ocurrir que actos como estos contrarios al ordenamiento y la disciplina se multipliquen", asegura un conocido general del instituto armado.

La instrucción de los expedientes podría demorarse hasta tres meses y, además, las fuentes consultadas de ambas partes, no descartan que se llegue a algún tipo de pacto entre los posibles sancionados y la Dirección General. Dichos medios, no obstante, temen que una posible actuación de la fiscalía militar, que podría apreciar un delito de sedición (pese a que no concurre tumulto), lo que podría llevar a los agentes ante un tribunal militar.