El alcalde de Alhaurín el Grande paró una obra cuya promotora se negó a donar 12.000 euros

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, paralizaron cuatro veces entre 2003 y 2004 las obras de un bloque de viviendas cuya promotora, una farmacéutica de la localidad, se negó a pagar 12.000 euros al Ayuntamiento. Esta donación, de cuyo ingreso no iba a quedar constancia documental en las arcas municipales, se destinaría, según los ediles, a la colocación de farolas en la calle donde se realizaban los trabajos. El Ayuntamiento llegó a modificar su plan urbanístico de modo que se impediría la construcción de las viviendas.

Estos hechos constan en una querella interpuesta por la farmaceútica María Teresa Quintela en febrero de 2005. El juzgado de Instrucción número 1 de Coín admitió la querella a trámite pero la archivó en julio de 2006. La farmaceútica recurrió el archivo de la querella y será la Audiencia Provincial de Málaga la que decida si tiene base para que se abran diligencias previas.

El texto de esta acción penal contra el alcalde y el concejal de Urbanismo, ambos en libertad bajo fianza de 100.000 euros por prevaricación y cohecho, señala que en mayo de 2002, la farmacéutica solicitó la licencia de obras para derribar su anterior botica y construir en ese solar, de su propiedad, una nueva farmacia, así como 17 viviendas y garajes conformes con el plan urbanístico local. Mientras tanto, Quintela había pedido permiso a la Junta para trasladar su negocio durante dos años a una sede provisional hasta julio de 2005. La farmaceútica, que acusa a los ediles de prevaricación, coacciones, cohecho y tráfico de influencias, sostiene que el Ayuntamiento se sirvió de este plazo para presionarla.

Mientras se tramitaban los permisos de obra, el concejal de Urbanismo pidió a la querellante 12.000 euros, para destinarlos, según el edil, "a colocación de farolas en la calle Virgen de Gracia", donde se ubica el solar. Como Maria Teresa Quintela entendía que esta petición no se justificaba por las condiciones de urbanización, la boticaria no se avino a pagar.

La farmacéutica intuyó que su negativa a donar esta cantidad "sólo le provocaría conflictos", por lo que solicitó la mediación de un asesor fiscal para que actuara como intermediario. El concejal de Urbanismo, según la querella, admitió a este economista haber solicitado esta donación, pero le dijo que "ya era tarde" para llegar a un acuerdo.

Catorce días más tarde de solicitar la licencia y previo pago de las tasas, el ayuntamiento alhaurino concedió los permisos de derribo y obra. Aquí empezó la pesadilla administrativa para la farmacéutica.

El mismo día que se iniciaron los trabajos de derribo, el 13 de septiembre de 2003, un supuesto policía local de paisano comunicó que el concejal de Urbanismo había dado orden expresa de suspender inmediatamente las obras de demolición.Ante la negativa a parar, dos horas más tarde se recibió un oficio en el que por orden del alcalde se paralizaba la obra durante la romería de la localidad y se citaba a la farmaceútica a una reunión "con el objeto de acordar la demolición en cuestión".

A la reunión del 15 de septiembre no acudió el alcalde y el 19 se reanudaron las obras de derribo. Ese mismo día se volvieron a paralizar y el representante de la empresa de demolición "recibió, a modo de aclaración, la advertencia de que las obras no podrían iniciarse hasta que María Teresa Quintela no hablara con el concejal de Urbanismo". La farmaceútica denunció al edil por coacciones ante la Guardia Civil y el juzgado sobreseyó la causa.

El Ayuntamiento levantó la suspensión del derribo el 14 de octubre de 2003, pero en la fase de construcción volverían los problemas. El 19 de marzo de 2004 llegó la primera paralización de las obras, que desembocaría en agosto de 2004 con el precinto de los trabajos. Estos actos administrativos fueron revocados por el juzgado de lo contencioso en marzo de 2005.

Según la querella, la última vía para impedir la obra fue una modificación urbanística "con el único fin de ensanchar la calle (...) para impedir la viabilidad del edificio" de la farmacéutica. Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la versión del alcalde de Alhaurín, que el pasado martes aseguró que "las donaciones nunca han sido requisito para otorgar licencias".