Detenidos los principales ediles del PP en la localidad grancanaria de Mogán

La lucha contra la corrupción sumó un nuevo capítulo ayer con la detención del alcalde de Mogán (Gran Canaria), José Francisco González (PP), gestor del urbanismo, área que copa las irregularidades investigadas. Una de ellas apunta a que el Ayuntamiento nunca recibió tres parcelas valoradas en 12 millones de euros como pago por un convenio urbanístico. El presidente del PP canario, José Manuel Soria, interpretó la detención como una caza política, pero esta denuncia partió de dos antiguas ediles del PP que, ante la pasividad del partido, acudieron a la Fiscalía Anticorrupción.

El juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé ordenó ayer la detención de cinco personas presuntamente integrantes de una trama de corrupción política asentada en el Ayuntamiento de Mogán, que pese a ser sólo el décimo municipio por población de Gran Canaria (15.000 habitantes), es su segunda población turística, con un gran desarrollo hotelero y consiguiente despegue inmobiliario. Y del urbanismo arrancan precisamente las graves sospechas de irregularidades que ayer precipitaron la detención de su alcalde, José Francisco González González (PP), que se reservaba para sí dicha competencia.

También fue detenida su primera teniente de alcalde, Onailia Bueno García, que acumulaba las áreas de vivienda y protección social. Igualmente fueron detenidos dos funcionarios clave en las presuntas irregularidades cometidas: el secretario del ayuntamiento, Ángel Sutil Nesta, y Marcelino Martín, ya jubilado pero que fue redactor del Plan General de Ordenación Urbana. El quinto detenido, Manuel de León Toledo, era una especie de recadero para operaciones delicadas que utilizaba la primera teniente de alcalde, pero ajeno formalmente al consistorio.

Las detenciones parten de una investigación policial originada en una denuncia de Anticorrupción de junio de 2006. Los denunciantes fueron dos concejales del propio PP, Carmen Delia e Isabel Santiago, que, hartas de la falta de respuesta interna a los indicios de irregularidades decidieron abandonar sus puestos y el partido y acudir a la justicia.

La sospecha partió de las pesquisas que como responsable de Hacienda y Patrimonio hizo Delia para registrar en 2004 tres parcelas que debía haber recibido el Ayuntamiento de Mogán de la promotora Anfitauro a cambio de un jugoso convenio urbanístico que había recibido del consistorio. Delia encargó a sus funcionarios que localizaran las parcelas, pero no las hallaban. Finalmente, las localizaron en un sitio imposible para destinarlas al uso que el ayuntamiento pretendía: en medio de una autopista.

Como creía que aquello sólo podía ser un error, Delia, de buena fe, empezó a perseguir a su alcalde para que exigiera el pago de las parcelas y corrigiera tal despropósito, pero éste le daba largas. Hasta que en 2006 le indicó que el asunto había sido arreglado ya en un nuevo convenio.

Pero para entonces, la paciencia de Delia se había agotado. El alcalde había llevado a pleno para su aprobación facturas extrapresupuestarias por valor de 240.000 euros. Unas facturas que la entonces concejal de Hacienda había ordenado paralizar hasta que el interventor las examinara tras denunciar la oposición la existencia de cientos de irregularidades.

Tras sentirse desautorizada, Delia dimitió del cargo y del partido. Su amiga Santiago siguió sus pasos. Semanas después, Delia leyó el texto final del convenio con el que el alcalde decía haber resuelto el problema. Su sorpresa fue mayúscula: las tres parcelas entregadas por Anfitauro ya no estaban en medio de una autopista, sino en pleno campo de golf. Por tanto, eran inservibles para el Ayuntamiento. ¿Cómo hacer un centro social o una plaza en medio de un campo de golf? Ambas ediles llevaron copia de dichos convenios y el asunto de las facturas a Anticorrupción, que les remitió a la policía.

La investigación de la fiscalía y la policía durante estos meses no sólo acreditó tan insólitos convenios, sino "miles de prevaricaciones más", según fuentes conocedoras de tales pesquisas, que se tradujeron en lucrativas operaciones inmobiliarias realizadas bajo información privilegiada, contratos municipales adjudicados al margen de toda legalidad, y el cobro de comisiones que llegaban a suponer hasta el 50% de las cantidades facturadas. Delia se ha quedado pasmada: "Tenemos la impresión de que lo que denunciamos era sólo la punta del iceberg de la corrupción en Mogán. Había mucho más". Los responsables de la investigación confirman su diagnóstico.