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La lucha contra el terrorismo

El club de la gasolina

El fallo avanzado el pasado viernes por el Supremo, que revoca un veredicto de la Audiencia Nacional y condena a 23 miembros de los grupos juveniles de la izquierda abertzale (Jarrai y sus segundas marcas: Haika y Segi) como integrantes de una asociación ilícita de carácter terrorista, será completado en su día con la publicación íntegra de la sentencia. Sólo entonces será posible calibrar las razones que han movido al Supremo a modificar los criterios de la Audiencia Nacional, que se limitó a calificar a esas belicosas cuadrillas -los chicos de la gasolina, les denominaba benévolamente Arzalluz en la tregua de 1998- como meras asociaciones ilícitas; las apresuradas críticas lanzadas por el PNV contra una sentencia todavía invisible en su fundamentación jurídica se basan únicamente en el fallo. Los votos particulares de dos de los cinco magistrados que formaron la Sala podrían añadir todavía mayor complejidad al caso si sus discrepancias no versaran únicamente sobre la aplicación de los parágrafos 1 ó 2 del artículo 515 del Código Penal (definidores de los géneros de asociación ilícita), sino también sobre la autoría o las pruebas.

La oleada de disturbios callejeros provocados por la izquierda abertzale en el País Vasco y Navarra tras el anuncio del fallo del Supremo constituye paradójicamente una verificación extrajurídica de que el tipo delictivo aplicado a los condenados por el alto tribunal tiene un inconfundible aire de familia con el trasfondo político e ideológico enjuiciado. Varios sumarios instruidos por Baltasar Garzón como juez de la Audiencia Nacional han logrado desentrañar la complejidad organizativa de ETA: el aparato militar responsable de los asesinatos, secuestros y atentados sería la parte sumergida de una amplia red de asociaciones legales, alegales o ilegales situadas en la superficie: desde los grupos juveniles hasta Batasuna, pasando por un conglomerado de siglas relacionadas con la ayuda a los presos, las campañas de amnistía, los negocios encubiertos, las actividades editoriales, las herriko tabernas y las relaciones internacionales. Especial relevancia adquiere a este respecto la movilidad interna en el seno de la trama terrorista: Jarrai-Haika-Segi ha sido un vivero de activistas y una escuela de cuadros para el aparato militar de ETA.

La intimidatoria campaña desplegada desde el pasado agosto por los grupos juveniles de la izquierda abertzale formó parte de la estrategia de ETA para presionar al Gobierno durante la tregua: el atentado de Barajas fue la culminación -con muertos- de esa fase preparatoria. ETA interpretará ahora el fallo del Supremo sobre Jarrai como la respuesta del Gobierno -por intermedio de los jueces- a la ruptura del alto el fuego. La división de poderes del Estado de derecho resulta conceptualmente incomprensible para ETA, que da por sentada la ciega obediencia de los tribunales al Ejecutivo; las contestaciones de la kale borroka a los veredictos, los procesamientos o las medidas cautelares judiciales contra la izquierda abertzale siempre tienen al Gobierno como objetivo.

Los efectos de esas amenazadoras protestas se propagan hacia el futuro como una ominosa advertencia de males mayores. La relación de asuntos pendientes que implican a ETA y a su entorno es muy amplia: desde el macrojuicio iniciado en noviembre de 2006 contra 59 acusados de pertenencia a la trama terrorista hasta el recurso ante el Supremo presentado por De Juana Chaos (en huelga de hambre), pasando por los casos de las herriko tabernas, Egunkaria, las Gestoras pro Amnistía y los abundantes procedimientos que pueden llevar a Otegi a prisión. Las absurdas diligencias penales emprendidas contra el lehendakari Ibarretxe por el Tribunal Superior del País Vasco a causa de sus entrevistas con dirigentes de Batasuna arrojan más leña al fuego de una hoguera ya abrasadora para el Gobierno de Zapatero. Algunas vistas orales sobre terrorismo celebradas en la Audiencia Nacional dramatizaron el despreciativo rechazo hacia el tribunal de los procesados, que desbordaron la figura del desacato para entrar de lleno en la insumisión. Los disturbios callejeros de la izquierda abertzale confirman que las protestas del mundo de ETA no tienen como blanco la legalidad de las resoluciones judiciales, sino la legitimidad de las instituciones del Estado democrático.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de enero de 2007