La gestora de Marbella rechaza los derribos y pide al TSJA "soluciones más mesuradas"

La comisión gestora de Marbella deshojó la margarita y ha rechazado las primeras demoliciones, que afectan a 70 viviendas ilegales ya ocupadas. La gestora ha enviado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que aboga por "soluciones más mesuradas" que los derribos. Esta respuesta se produce a raíz de un requerimiento del TSJA a la gestora para que ésta informase sobre la ejecución, solicitada por la Junta, de tres sentencias firmes que ordenan la demolición de las viviendas. El TSJA decidirá tras oír a las partes implicadas, Ayuntamiento, la Junta, las promotoras y los vecinos.

La gestora marbellí detalla en un prolijo informe su oposición a las primeras demoliciones y apela al principio de proporcionalidad: "La ejecución de las sentencias puede revelar la generación de daños en la convivencia y en la ordenación general de la vida municipal, de significativa mayor gravedad al interés público urbanístico que han salvaguardado tales resoluciones".

La gestora justifica asimismo su petición al TSJA en su informe, que adelantó ayer el diario Sur, al recordar que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) definirá los nuevos usos de los suelos sobre los que se ubican estas viviendas ilegales, "y es clave para saber si las exigencias de la ejecución han de provocar la restauración de la realidad".

Las viviendas ilegales afectadas se ubican en un edificio de 35 viviendas construido por la promotora Magma SL sobre suelo para equipamientos; 29 viviendas en la zona de Río Real que ocupan una zona verde y de equipamientos; y seis viviendas en pleno centro de la promotora Moansa, edificadas sobre zona verde.

El alto tribunal requirió a la gestora información sobre el cumplimiento de la ejecución de las tres sentencias, pero ésta evitó la patata caliente hasta la pasada semana, cuando matizó su postura inicial, partidaria de las demoliciones. El matiz de esperar al avance del PGOU supone evitar demoler parte de las 30.000 viviendas ilegales de Marbella, ya que podrían ser regularizadas en el futuro. "El avance es ilustrativo de la única opción posible para la normalización urbanística de Marbella, asumiendo la necesidad de abordar un proceso de regularización, que no de una simple amnistía", reza el informe.

El vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, defendió ayer la petición: "Todo el proceso de normalización debe hacerse en el nuevo plan general porque no sabemos muy bien cuáles son los edificios que deben permanecer. Creo que no modificamos nuestra postura inicial", matizó.

Balance de gestión

La gestora recuerda al TSJA el balance de su gestión urbanística desde que se puso al frente del Ayuntamiento el pasado abril: 669 actas de inspección, 79 expedientes de legalización, 190 expedientes sancionadores, 246 paralizaciones y 45 precintos entre las medidas más destacadas.

Asimismo, echa la vista atrás para justificar su preferencia por medidas menos drásticas que la demolición, al tratarse de viviendas habitadas: "Una conflictividad asimismo inusitada que desborda todo lo imaginable (...) La generalización de la sensación de impunidad". Además, el informe carga contra la anterior corporación municipal, desarbolada en la operación Malaya: "El secretario general imputado y apartado de sus funciones, con deficiencias organizativas clamorosas del tipo de no existir unos verdaderos servicios jurídicos y con una hacienda esquilmada".

"En estos tres casos no hay personas que se sientan directamente agredidos como en otros donde comunidades de propietarios han sufrido la ilegalidad, la ejecución se pide aquí como medida ejemplarizante", añadió Duarte.

Fuentes de la Consejería de Obras Públicas, impulsora de la ejecución de sentencias por derribo, no quisieron ayer pronunciarse sobre la petición de la gestora, contraria a las demoliciones.

Tras la respuesta de la gestora, el tribunal abrirá ahora un trámite de incidente de ejecución de las sentencias. Además del Ayuntamiento demandado y de la Junta demandante, el TSJA debe argumentar quiénes son las partes que se pueden personar en un proceso que se retrasará varios meses.

Junto al promotor y los vecinos afectados, ayer la plataforma 29 de marzo anunció su personación en el proceso y expresó su total desacuerdo con la postura de la gestora: "Debe primar el cumplimiento estricto del principio de legalidad y el respeto a los intereses generales por encima de los particulares", expresó en un comunicado.