Cuestión de vida o muerte para las auditoras

La Comisión Europea quiere limitar la cantidad que las compañías pueden exigir a las empresas que auditan sus cuentas en demandas por daños, alarmada por la creciente tendencia a litigar contra las auditoras y el riesgo para su viabilidad en caso de tener que afrontar condenas millonarias, según una información recogida por la agencia EFE.

El Ejecutivo comunitario destaca que las firmas auditoras encuentran cada vez más dificultades para asegurar los riesgos de su actividad, por lo que existe una posibilidad "real" de que alguna de las cuatro grandes compañías del sector -KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PricewaterhouseCoopers- tengan que hacer frente a una demanda cuya cuantía ponga en peligro su existencia.

Un estudio advierte de que la quiebra de una gran auditora, como sucedió con Arthur Andersen en 2002, afectaría a las grandes corporaciones

Las aseguradoras cada vez asumen menos riesgo y las auditoras tienen que recurrir a sus fondos propios para afrontar hipotéticas demandas

Bruselas encargó el año pasado a la consultora británica London Economics un estudio sobre la situación del negocio auditor, cuyas conclusiones han servido de base para las propuestas que acaba de sacar a consulta pública.

El informe de London Economics pone de manifiesto que el mercado internacional de auditoría para grandes compañías está dominado por las cuatro firmas citadas anteriormente y asegura que las posibilidades de que aparezcan otras nuevas al mismo nivel en los próximos años es muy reducida.

Incide, además, en que el nivel de riesgo que las aseguradoras están dispuestas a cubrir se ha reducido dramáticamente, lo que obliga a las auditoras a recurrir a sus fondos propios para afrontar hipotéticas demandas por daños, con el consiguiente riesgo para su estabilidad financiera.

El estudio advierte de que la quiebra de una gran auditora -como sucedió en 2002 con Arthur Andersen- afectaría negativamente a las grandes corporaciones, que tendrían cada vez más dificultades para encontrar quien audite sus cuentas, y para evitarlo se inclina por limitar la responsabilidad de las auditoras ante posibles demandas.

Aunque dada la diversidad de situaciones dentro de la Unión Europea, donde algunos países ya cuentan con un régimen para limitar la responsabilidad de las auditoras, la comisión reconoce que resulta difícil la implantación de un modelo único.

En concreto, Austria, Bélgica, Alemania, Grecia y Eslovenia regulan por ley la cantidad que una compañía puede reclamar a su auditora en caso de daños o pérdidas.

En España no existe un límite general establecido por ley, pero se puede limitar la responsabilidad contractualmente, aunque ese tope no se tiene en cuenta en caso de negligencias graves o fraude.

En ese contexto, Bruselas ha decidido abrir un debate público y propone cuatro opciones distintas.

Como primera posibilidad, la Comisión Europea sugiere introducir un límite monetario para las demandas para toda la Unión Europea, aunque reconoce que sería muy difícil de aplicar.

Otra opción sería fijar un tope variable en función del tamaño de la compañía (en términos de capitalización) o vinculado a las tarifas que cobra al cliente por el servicio de auditoría.

Por último, se podría introducir un principio de responsabilidad proporcional, en virtud del cual cada parte -la compañía auditora y la auditada- tendrían que responder por los daños y pérdidas de los que sean responsables.