Un portazo preventivo

La unidad de los demócratas frente a ETA.

Zapatero aspira a lograr una síntesis de los pactos multipartidistas contra ETA y el acuerdo bilateral entre PP y PSOE de diciembre de 2000 por las libertades y contra el terrorismo

EL PRESIDENTE del Gobierno añoró durante el agrio pleno del Congreso del pasado lunes los buenos viejos tiempos en que todas las fuerzas democráticas afianzaban su unidad frente el terrorismo mediante la firma de acuerdos políticos. El Pacto de Ajuria Enea de enero de 1988 fue la manifestación por excelencia de ese espíritu integrador; los avatares de la política vasca, sin embargo, hibernaron su vigencia sin necesidad de responso final. En diciembre de 2000, populares y socialistas optaron por un formato limitado a los dos partidos. Pero ese acuerdo bilateral, contemplado desde el principio con recelo por las fuerzas nacionalistas, también entró en crisis operativa; la última reunión de la comisión de seguimiento del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo se reunió a finales de 2004. Los ciclos de auge y decadencia sufridos por ese tipo de pactos son inevitables: la política electoral y los cambios de enfoque de los partidos sobre la manera de responder a los desafíos terroristas imponen esa dinámica.

Tras el atentado de Barajas, Zapatero apuesta por una síntesis de los acuerdos multilaterales y bilaterales caídos en desuso a fin de lograr un consenso capaz de aunar las fuerzas no sólo de las dos grandes formaciones de ámbito estatal, sino también "de todos los partidos democráticos de nuestro país"; esa invitación se extiende -las razones de ese sorprendente salto desde las instituciones públicas a la sociedad civil no han sido explicadas- a las organizaciones cívicas y las agrupaciones de inmigrantes. El calendario de la puesta en marcha de la iniciativa se presta a confusiones. Al parecer, el Gobierno convocaría en primer lugar la comisión de seguimiento del acuerdo contra el terrorismo a fin de examinar las posibilidades de abrir ese texto bilateral del PP y el PSOE hacia un espacio partidista más amplio; para avanzar por ese camino sería necesario al menos la supresión de las referencias al PNV en el preámbulo. Después -o en paralelo-, los socialistas debatirían con las demás fuerzas políticas el contenido del nuevo pacto ampliado, al tiempo que el ministro del Interior mantendría un foro de encuentro con los grupos parlamentarios.

Algunas de las pretensiones planteadas por el Gobierno vasco ante el nuevo acuerdo antiterrorista (entre otras, la derogación de la Ley de Partidos) prefiguran las resistencias que encontraría la negociación si llegase a su segunda fase. Pero la respuesta dada en el debate por el líder del principal partido de la oposición a la oferta de Zapatero -formalizada luego con las cinco propuestas no de ley anunciadas por el PP- deja escaso margen a la esperanza de que la primera etapa concluya felizmente. Si la revocación de la resolución del Congreso de mayo de 2005 y la fantasiosa subrogación de Rajoy en las competencias constitucionales del jefe del Gobierno -como una especie de presidente en el exilio- para dar órdenes a la fiscalía (sobre el caso Egunkaria y las actuaciones de Batasuna) y a la abogacía del Estado (sobre la ilegalización del PCTV por el Supremo y la tramitación del recurso contra la Ley de Partidos por el Tribunal de Estrasburgo) son definitivamente una condición sine qua non para que socialistas y populares se pongan de acuerdo en la comisión de seguimiento, esa provocación de mala fe perpetrada por el PP sería un portazo preventivo a la negociación.

Tras el espeso debate del lunes, Rajoy comentó con su malaje gracejo de tertuliano de casino decimonónico que debería exigirse para ser presidente del Gobierno "algo más" que la mayoría de edad y la nacionalidad española. Aunque durante el franquismo sólo se requiriese la condición de general, almirante o notario (faltó en la lista un registrador de la propiedad) para el cargo, los requisitos en una democracia son infinitamente más duros: ser votado por los ciudadanos y elegido por el Congreso. Los electores también suelen apreciar que los aspirantes a presidente se hayan comportado en la oposición -como Zapatero- con cortesía parlamentaria y lealtad constitucional, en vez de ensuciar los lugares públicos -como Rajoy- con incontinencias verbales, regurgitaciones humorales y vomitonas injuriosas.