Amenaza de derribo para más de 1.000 viviendas ilegales

El requerimiento de la Xunta al Ayuntamiento de Vigo conlleva una amenaza implícita: la seria posibilidad de derribo de un puñado de edificios declarados ilegales, que el gobierno municipal pretendía salvaguardar con la aprobación definitiva del Plan General. Sin nuevo planeamiento, los plazos se agotan, lo que aboca al equipo de Corina Porro a cumplir las sentencias y hacer frente a indemnizaciones que pueden poner en riesgo la hacienda local.

Las viviendas amenazadas de derribo superan el millar. Las más notables son las denominadas Torres Ifer, en la céntrica García Barbón, que superan en dos alturas la edificabilidad permitida. Otro caso conocido es el de la Colina de Castrelos: 500 viviendas ilegales por su impacto paisajístico. En Samil, tres edificios que suman casi 200 viviendas también fueron declarados ilegales, por no ajustarse a la finalidad hotelera para la que recibieron licencia. Otros 100 pisos del edificio Jacinto Benavente, en la calle del mismo nombre, fueron declarados ilegales por otra sentencia firme. Los chalés adosados de Samil y Canido, los edificios de Rosalía de Castro -una de las zonas más caras de la ciudad- y la urbanización de A Pastora son otras de las edificaciones amenazadas.

Suspensión de licencias

En algunos de estos casos existen reiterados autos judiciales que instan al Ayuntamiento a emprender cuanto antes la demolición. Si distintos son los motivos por los que los edificios fueron declarados ilegales o se les retiró la licencia, también fueron variados los alcaldes que impulsaron esos proyectos. El nuevo Plan General era la herramienta elegida por el gobierno local para legalizarlos. Además de la demora que supone la devolución del Plan, el informe contiene serias advertencias al respecto. Así, descarta que se puedan calificar como fuera de ordenación edificaciones sin la preceptiva licencia, una vez transcurridos los plazos de reposición de la legalidad. Tampoco las viviendas levantadas en suelo rústico podrán legalizarse.

Si la ejecución de sentencias es el principal problema que tendrá que afrontar el equipo de Corina Porro, no será el primero. El próximo 15 de febrero vencerá la suspensión provisional de licencias decretada cuando el Plan fue aprobado inicialmente, en diciembre de 2004, lo que significa que vuelve a cobrar validez en todos sus extremos el Plan General de 1993. El Ayuntamiento estará obligado a conceder licencias en contradicción con el nuevo planeamiento, con los problemas e indemnizaciones que eso pueda conllevar.