Madrazo cree justo "presionar" a los propietarios de viviendas vacías

El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, defendió ayer el canon planteado por su departamento para los pisos vacíos -nueve euros al día- y afirmó que su objetivo esencial no es "penalizar", sino "favorecer y presionar al propietario para que esta vivienda deje de estar vacía". Añadió Madrazo que el gravamen pretende que se incorporen más inmuebles al mercado de alquiler y que obligaría a sus dueños a pensarlo "dos veces antes de seguir teniendo su vivienda vacía".

El consejero abogó por el carácter social de los pisos. "La propiedad no es un derecho ilimitado y la vivienda ha sido concebida para que sea utilizada, y no sea un bien de inversión", apostilló. Su intención es abrir una ronda de conversaciones con los partidos políticos y agentes sociales para alcanzar un consenso que permita aprobar esta disposición que se pretende incluir en la futura ley de Vivienda, cuyo proyecto está en fase de borrador. "Si las fuerzas políticas son coherentes con lo que dicen en relación con la movilización de vivienda vacía, lo que tienen que hacer es apoyar esta medida", aseguró.

El Departamento de Vivienda pretende complementar el canon a los pisos vacíos con el programa Bizigune, que apoya con recursos públicos la puesta en alquiler de viviendas vacías, garantizando al propietario el cobro de las mensualidades, una rentabilidad (recibe del Gobierno autónomo la diferencia entre el precio protegido y el del mercado) y ayudas para la rehabilitación de las casas.

Lonjas

Madrazo hizo estos comentarios en la presentación del Plan Rural de Vivienda Protegida, que desde finales de este mes posibilita la concesión de ayudas para comprar viviendas libres usadas y la rehabilitación de casas públicas abandonadas en municipios de menos de 3.000 habitantes para ponerlas en alquiler. Las subvenciones se dirigirán a personas con ingresos mínimos de 3.000 euros anuales y máximos de 33.000. El precio de compra de los inmuebles no podrá superar los 170.000 euros y la cuantía de la subvención será entre el 5% y el 6%, con un tope máximo de 10.098 euros. La consejería espera movilizar unas 500 viviendas.

El pleno municipal de Bilbao aprobará el próximo 25 de enero de forma inicial la ordenanza que le convertirá en la primera localidad vasca donde los locales y plantas bajas se podrán destinar a viviendas de protección oficial. Media docena de municipios vizcaínos, entre ellas Barakaldo y Getxo, permiten ahora usarlas como pisos, pero en el mercado libre, sin restringir este uso a los catalogados como protegidos.

El equipo de gobierno (PNV, EB y EA) ha logrado el apoyo del PSE a cambio de un cambio en el texto inicial: el propietario podrá asignar el piso a sus ascendentes directos sin que tengan que estar en el registro Etxebide. El consistorio ha censado 1.116 lonjas con condiciones para convertirse en viviendas.