Vídeos peligrosos

Hace tres años las empresas de videojuegos decidieron en Europa autorregularse a través del llamado código PEGI para clasificar estos artículos por edades e informar si mostraban contenidos violentos o sexuales. El objetivo no era otro que disuadir el acceso infantil a juegos cibernéticos peligrosos a raíz de la creciente aparición de productos de dudoso gusto y de su gran demanda entre la población no adulta. La medida, en sí positiva, resultó claramente insuficiente porque los comerciantes hicieron la vista gorda y, además, porque los padres siguieron viviendo en la inopia permitiendo que sus hijos los adquirieran. Ahora, la Unión Europea parece dispuesta a lanzar una ofensiva para controlar la venta a menores.

Está muy bien tal gesto, pero no va a resultar nada fácil su concreción. De entrada, porque la prohibición de un producto determinado en el ámbito europeo no impide al potencial usuario descargarlo de la Red o simplemente que un fabricante lo saque desde otro país no comunitario. "Es como si se quisiera prohibir la lluvia", ha dicho expresivamente la ministra alemana Zypries en la reunión informal que los titulares de Justicia e Interior de la UE han celebrado en Dresde.

En cualquier caso, existe entre los Veintisiete consenso sobre la conveniencia de hacer algo ante el impacto nocivo de algunos de estos juegos en la conducta de adolescentes y niños. Los psicólogos ligan incidentes de comportamiento antisocial juvenil al aprendizaje de acciones visualizadas en videojuegos. Resulta censurable que cualquier persona, pero sobre todo un menor, se deleite con un vídeo cuya trama sea la caza de un transeúnte, un policía, una prostituta o un inmigrante o incluso incite al matonismo escolar. Y desgraciadamente comienzan a darse episodios de niños filmando palizas a compañeros.

Está todo por hacer al respecto en materia legislativa comunitaria y no está nada claro que algunos problemas deban resolverse legislando. En España no hay ningún tratamiento específico pese a que las asociaciones de consumidores y de protección infantil reclaman una regulación y un mayor control en la venta a menores. De momento, lo que pretende la Comisión Europea y el comisario de Seguridad, Libertad y Justicia, Franco Frattini, que ha sido el impulsor de la iniciativa, es elaborar una lista negra de videojuegos peligrosos y crear una legislación restrictiva comunitaria que no choque, sin embargo, con la libertad de expresión y la libre circulación de mercancías dentro de la UE. Pero de nada sirven las regulaciones si falla lo más importante y es que sean los padres quienes se responsabilicen de vigilar el ocio de sus hijos.