Depuración de responsabilidades políticas

Los grupos junteros del PP, EB y Aralar insistieron ayer en pedir la creación de una comisión de investigación en las Juntas Generales para depurar las posibles responsabilidades políticas que pudieran derivarse de las supuestas irregularidades en la delegación de la Hacienda foral en Irún. El portavoz de EB, Jon Lasa, matizó que, si en este momento no es posible, se abra dicha comisión cuando la Fiscalía concluya su investigación y se levante el secreto de sumario.

Tanto el PSE como los partidos que sustentan al gobierno foral (PNV y EA) ya rechazaron el pasado noviembre la puesta en marcha de la citada comisión de investigación. Argumentaron que no querían entorpecer el proceso penal. El portavoz de los socialistas, Miguel Buen, se ratificó ayer en esta posición y comentó que su partido no respaldará esa comisión mientras el proceso judicial siga su curso. Ahora bien, anunció que en el caso de que la Fiscalía encuentre indicios de delito e interponga una denuncia que derive en un juicio penal, solicitará a las Juntas Generales que se personen como acusación particular en el caso.

El diputado para la Fiscalidad, Juan José Mujika, aseguró que, "una vez depuradas las responsabilidades penales, si las hubiere, si las investigaciones mostraran indicios de responsabilidades políticas, éstas también serán depuradas". Señaló además, que la Diputación no dudará en personarse como acusación particular, tanto en la vía penal como en la civil, a fin de exigir la devolución del dinero sustraído.

Mujika insistió en que la Diputación es la primera interesada en conocer la verdad y reiteró que ofrecerá la información que pueda siempre que "no interfiera" en la investigación fiscal. En este sentido, acusó a la popular Regina Otaola de mantener una actitud "especialmente irresponsable". La juntera del PP, por su parte, reprochó al diputado que en su día la "demonizara" por decir que había más de doce expedientes irregulares.