El Gobierno exigirá aval ante notario a las empresas que operen como Fórum y Afinsa

Desde que estallara en mayo pasado la crisis filatélica de Fórum y Afinsa, seguida después por la de Arte y Naturaleza, el Gobierno prometió una nueva legislación sobre los bienes tangibles que se han vendido como inversión segura y revalorizable. El Ministerio de Sanidad y Consumo ha concluido el anteproyecto de ley, que ha enviado a las comunidades para recibir alegaciones, que acaba con el modelo actual de Fórum y Afinsa, ya que exige avales bancarios a los que garanticen la revalorización de sellos u otro bien. El vendedor deberá informar de los riesgos económicos de la inversión.

La nueva legislación pretende evitar situaciones como las de Fórum Filatélico. Según el informe elaborado por la administración concursal de esta empresa, los activos de Fórum sólo cubren el 24,5% de su deuda, cifrada en casi 3.800 millones. Este escándalo, que se calcula que ha afectado a unos 400.000 ahorradores, ha sido el de mayores dimensiones de los últimos años y se ha convertido en un arma arrojadiza entre la oposición del PP y el Gobierno. Ante esta situación, el Ejecutivo prometió una nueva legislación, que ya ha redactado y enviado a las comunidades autónomas porque tienen transferidas las competencias sobre consumo.

El anteproyecto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, parte del hecho de que "es necesario completar las actuales obligaciones de información, reforzando la protección de la parte más débil, el consumidor, mediante el otorgamiento de garantías a su favor por el valor de los bienes adquiridos, como condición esencial para la validez de los contratos".

La norma establece que hay dos tipos de comercialización de bienes. En el primero, la empresa recibe el mandado del cliente para que venda por cuenta de éste un bien. El consumidor recibirá, en uno o varios pagos, el importe de la venta "o una cantidad para el supuesto de que no halle un tercero adquiriente de los bienes en la fecha pactada".

Sin embargo, las mayores novedades hacen referencia a la venta de productos "con ofrecimiento de revalorización, o en su caso, con garantía de restitución del precio de adquisición". Éste era el caso de Fórum y Afinsa, que garantizaban una revalorización por escrito, que era mayor o menor en función del plazo de la inversión.

A partir de ahora, para seguir este modelo se deberá firmar un contrato "formalizado mediante escritura pública, la cual reflejará de forma clara y explícita los compromisos adquiridos por las partes. El notario autorizante deberá dar fe del cumplimiento de los requisitos de validez", según el artículo 4. Además, establece que "a la fecha de formalización del contrato, la empresa haya suscrito con una entidad legalmente habilitada para ello, un seguro de caución, aval bancario o cualquier otra garantía prestada por bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito que asegure al consumidor el precio de adquisición inicial del bien objeto del contrato".

En el artículo 3 se especifica que se deberá informar de la obligación de la empresa de constituir seguros para "cualquier garantía ofrecida y del riesgo económico de los bienes o servicios comercializados".

El anteproyecto también establece que esta actividad "no es financiera". Por eso, en las comunicaciones comerciales se prohíbe "la utilización de expresiones propias de este sector, tales como inversión, ahorro, rentabilidad, etcétera," porque pueden inducir a error al cliente sobre la naturaleza de la actividad. Las empresas filatélicas utilizaban esta terminología en su publicidad.

El anteproyecto, que deroga la normativa anterior de mayo de 2003, exige que la oferta se haga por escrito "o en soporte de naturaleza duradera que permita la constancia y conservación de la información". Esta oferta, "será vinculante para el empresario durante 15 días, durante los cuales no podrá celebrarse el contrato".

El objetivo del ministerio es que exista un "periodo de reflexión" para el consumidor. Antes de cerrar el contrato, se deberá informar de las características del bien, si se entrega o no al usuario, el destino que se les da y responsable de su custodia, gestión o administración; también el precio completo, incluidos impuestos, de los bienes "y, en su caso, las revalorizaciones que se ofrezcan y los datos objetivos en que se base la información sobre posibles revalorizaciones futuras".

El incumplimiento de estas condiciones constituirá infracción muy grave en materia de protección al consumidor, "siendo sancionado por las autoridades competentes" según la legislación autonómica.