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Reportaje:Conflictos urbanísticos

Laboratorio electoral para las casas vacías

Los partidos andaluces no han definido aún sus propuestas para estimular el mercado de las viviendas desocupadas

La polémica sobre los proyectos de País Vasco y Cataluña para sacar al mercado los pisos vacíos, como una forma de luchar contra el difícil acceso a la vivienda, ha irrumpido en Andalucía sin que a los partidos les haya dado tiempo a madurar, y mucho menos a precisar, sus propuestas. El contraste lo dio el pasado sábado el PSOE, en su Conferencia Política sobre Desarrollo Sostenible, al aprobar una resolución en la que -en un sentido inverso al de las comunidades mencionadas, que pretenden penalizar las casas desocupadas- se apuesta por incentivar la salida al mercado de estos inmuebles con medidas positivas, incluidas las fiscales, y el apoyo público al alquiler. Pero tras esta idea genérica no hay mucho más.

El PSOE propone incentivos para el alquiler, e IU, penalizar a los propietarios

En Andalucía hay oficialmente 548.669 pisos vacíos, algunos de alquiler sin declarar

El proponente, el candidato a la alcaldía de Granada Javier Torres Vela, avisa de que sólo se pretende abrir el debate y tomar una postura, a la que hay que dar todavía muchas vueltas. "Frente a la posibilidad de gravar con impuestos los pisos vacíos, nosotros hemos dicho que no, hemos optado por incentivar en lugar de castigar porque creemos que es más eficaz", explica. El socialista señala que el problema de las casas vacías se produce sobre todo en los cascos antiguos de las ciudades, fuera de este ámbito la casuística del piso infrautilizado es muy dispar. "Si la opción es gravar con impuestos, a qué tipo de casa desocupada se le pone, ¿a las de quienes se han comprado un apartamento en la playa? ¿a los padres que le han comprado un piso a sus hijos y están esperando a que lo ocupen? Son muchas las dificultades porque el principal problema es definir qué se entiende por casa vacía, y esto depende de muchos factores", sostiene Torres Vela.

En Andalucía, según el censo de Instituto Nacional de Estadística de 2001, hay 548.669 casas vacías, el 15,5% del total de las viviendas. En números absolutos, las provincias de Sevilla y Málaga se llevan la palma (113.248 y 108.282), aunque en términos porcentuales son Jaén y Granada las que más tienen (18,48% y 17,38%). En este cómputo no están incluidas las viviendas secundarias, cuantificadas en 514,178. En ambas cifras se esconden muchos pisos alquilados pero no declarados, que engordan de manera engañosa el resultado global.

Para la popular Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, el ruido en torno a la casa vacía es "pura demagogia", ya que, e su opinión, distrae al ciudadano de lo realmente importante: la construcción de viviendas sociales, ya sea en régimen de VPO, o de alquiler social para rentas bajas y de jóvenes. "En Cádiz hemos sacado pisos de alquiler social con opción de compra a los cinco años, de cuyo precio final se descuenta el alquiler pagado. Eso es lo que tiene que hacer Manuel Chaves y no engañar", sentencia.

Martínez recuerda que la ley estatal de Haciendas Locales de 2003, que aprobó el PP, pero no tuvo tiempo de desarrollar, ya otorgaba a los ayuntamientos la potestad de recargar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) hasta el 50% en casas desocupadas. Y se vuelve a la cuestión de origen: no se ha utilizado por la dificultad de precisar el concepto de vivienda desocupada. "Es hora ya de que el Gobierno socialista desarrolle esta ley, y le dé una vuelta también a la Ley de Arrendamiento, que tiene más de diez años, periodo en el que la realidad española ha cambiado mucho".

Precisamente, el temor de los propietarios frente a los inquilinos morosos y, a la vez, a la carga impositiva de los ingresos por el alquiler son dos de los factores que más se manejan para explicar el gran número de casas vacías. Son frecuentes las quejas del costosísimo embrollo burocrático de un desalojo por impago y la falta de garantía del cobro de los recibos.

No obstante, Izquierda Unida se muestra tajante y, en la línea de la Ley de Haciendas Locales, propone aumentar entre el 50% y el 150% del IBI, además de establecer una fiscalidad especial (mayor) para las segundas y terceras casas. "Es un despropósito que la primera y segunda vivienda tengan el mismo IVA que una primera e idéntico IBI", afirma la portavoz de IU, Concha Caballero.

El PA combina en su programa marco municipal las dos medidas a debate: subir los impuestos a las casas desocupadas y rebajas fiscales para quienes las ponga en alquiler. "Es necesario tocar muchos aspectos, desde la Ley de Arrendamiento hasta la fiscalidad", dice la portavoz Pilar González. "Lo razonable es una política de vivienda integral porque sólo castigar implica atribuir a otros responsabilidades políticas propias".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de enero de 2007