¿Qué pasa en el 'cinturón rojo'?

En el análisis de los resultados de las pasadas elecciones al Parlamento de Cataluña se destacó el fuerte descenso de los votos socialistas en Barcelona y, en general, en las ciudades y determinados barrios de la primera y segunda coronas metropolitanas, tradicionalmente identificados como el cinturón rojo: la gran reserva de voto de la izquierda. En estas ciudades y barrios el descenso del voto al PSC ha ido acompañado, por una parte, de un menor crecimiento porcentual de ICV-EUiA en relación con el incremento medio que ha tenido en Cataluña y, por otra parte, de unos porcentajes superiores al 4% de voto a Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. También hay que llamar la atención sobre el hecho de que se reequilibra el abanico de opciones escogidas a la hora de votar: CiU, ERC, ICV-EUiA y PP tienen, en estos barrios, porcentajes significativos.

El nuevo Gobierno debe priorizar proyectos que faciliten la mejora de los servicios públicos

El hecho de que, esta vez, se entrara rápidamente en pactos de Gobierno y debates poselectorales ha impedido que se profundizara más en el análisis de los resultados electorales autonómicos. Las interpretaciones precipitadas que se dieron a ese descenso incidieron en la pretendida -y, a mi entender, superada- indiferencia de algunos de los no nacidos en Cataluña ante las elecciones autonómicas, vistas como algo "que no va con ellos", o en el poco éxito del candidato Montilla para movilizar un electorado con el que, aparentemente, tenía más posibilidades de identificación. Pero creo que no estamos ante un fenómeno coyuntural o pasajero, sino que se están produciendo cambios sociales, culturales y políticos en cuyo análisis urge profundizar y que la izquierda saque de él lecciones urgentes de cara a las prioridades de actuación del recien estrenado Gobierno.

En primer lugar, hay que tener en cuenta la demografía y la sociología: estas ciudades y barrios han cambiado mucho en los últimos años. Por un lado, ha habido muchos desplazamientos de población hacia municipios del área metropolitana; se trata, en general, de profesionales y clases medias, jóvenes y no tan jovenes, que no se pueden permitir vivir en sus municipios de origen, ya sea Barcelona o municipios del Maresme o del Garraf, por ejemplo, donde más han aumentado los precios de las viviendas, y entre ellos hay mucha diversidad de voto. Por otro lado, las familias trabajadoras tradicionales, las vinculadas de toda la vida a las grandes fábricas y empresas de servicios, con una fuerte conciencia de clase y sindical, han visto jubilarse primero y morir después a los abuelos, los padres y las madres votantes de izquierda por tradición. Mientras tanto, sus hijos y nietos están atrapados en la precariedad laboral, en los sueldos por debajo de los 1.000 euros, en las hipotecas excesivas y en el encarecimiento de la vida por encima de lo que dicen las estadísticas oficiales. Y estos hijos y nietos, aun estando mejor formados e informados pasan de la política o expresan su descontento y su decepción por la falta de perspectivas de estabilidad laboral y mejora social que eran justamente las que habían estimulado a sus mayores. Buena parte de esta nueva generación puede haber optado esta vez por abstenerse, votar en blanco o votar opciones de protesta, que perciben vagamente como las que ponen más nerviosos a los políticos tradicionales.

En segundo lugar, no podemos ignorar el malestar latente producido por los problemas de convivencia y, sobre todo, de acceso a los servicios públicos y a las prestaciones sociales de carácter no universal, así como su calidad, que se asocia a la nueva inmigración y al crecimiento de las familias recien llegadas. Este clima social ha sido caldeado, antes y durante la última campaña electoral, por algunas fuerzas políticas mayoritarias que o bien han querido hacer de la inmigración un factor de atracción de voto, con propuestas discriminatorias, o bien han planteado un falso dilema en el que los trabajadores inmigrantes y sus familias representarían un límite para acceder a los servicios públicos y a las prestaciones sociales de calidad.

Empieza a haber evidencias de que en determinados sectores trabajadores está calando este enfoque simplista, estereotipado pero consolador de las propias desgracias, que hace responsables a los inmigrantes de la insuficiencia de los recursos destinados a guarderías, a becas de comedor, a asistencia social, etcétera, o de la degradación urbana, residencial y social de algunos barrios; aspectos a los que se ha añadido la dificultad de acceder a una vivienda en propiedad sin hipotecarse de por vida. Todo ello ha abonado la crispación social y el descontento político, que pueden apuntar aún más en las próximas elecciones municipales, más sensibles a estos temas.

De las muchas conclusiones que se deberán extraer, una es urgente: desde el nuevo Gobierno de la Entesa en la Generalitat hay que hacer un plan de actuación integral y transversal para abordar los problemas más graves de estos sectores sociales antes de que se acaben convirtiendo en focos de tensión y degradación de la convivencia. Por eso habrá que revisar, priorizar y dotar de más recursos los planes y proyectos ya iniciados por el Gobierno saliente, para facilitar el acceso universal a las prestaciones sociales y asistenciales básicas y mejorar los servicios públicos educativos, sanitarios y asistenciales. Hay que hacer realidad el plan de choque para el acceso a la vivienda a precios asequibles en un marco de reforma urbana y dinamización social de los barrios, y dar una nueva dimensión al concepto de "salario social". Y también hará falta valentía para incidir positivamente en los temas de la estabilidad laboral, la seguridad y la calidad del empleo, y la formación profesional.

Salvador Milà i Solsona es diputado de ICV-EUiA en el Parlamento de Cataluña.