La Fiscalía actúa contra 10 ayuntamientos de la costa por delitos de urbanismo

La fiebre urbanizadora que se ha adueñado de la costa gallega en los últimos tres años y la cercanía de las elecciones municipales han disparado el número de querellas relacionadas con el urbanismo en los juzgados gallegos. Las dos últimas memorias del Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recogen un amplio catálogo de denuncias vinculadas al ladrillo, casi siempre en ayuntamientos del litoral. El ayuntamiento de Arteixo acumula tres querellas por la vía penal por permitir construcciones que el ministerio público y la Xunta de Galicia consideran ilegales.

El gobierno local de Pontedeume concedió en 1999 una licencia para que un particular se construyese su chalé de veraneo en una finca rústica de protección costera donde la ley prohíbe edificar viviendas unifamiliares. Cinco años después el proyecto fue rechazado por el departamento de Urbanismo del Gobierno gallego, que requirió al alcalde socialista, Belarmino Freire, para que revisase la licencia, que según la Xunta, era nula de pleno derecho.

Cuando el propietario de la casa se percató de que su vivienda empezaba a salir en los periódicos, decidió presentar un proyecto de explotación de árboles frutales para conseguir la vinculación del chalé a una explotación agropecuaria y legalizarlo de ese modo. No coló. Su propuesta, que llegó a recibir el visto bueno del regidor de Pontedeume, ha acabado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Betanzos.

En su denuncia, el fiscal especializado en Urbanismo concluye que la construcción "más parece responder a una segunda residencia, que a una casa de labranza", por eso a finales de octubre presentó una querella contra el arquitecto municipal del ayuntamiento, que informó a favor del permiso, y de la comisión de gobierno que aprobó la licencia. Les imputa un delito de prevaricación que el Código Penal castiga con penas de seis meses a dos años de prisión.

En Fisterra otro particular intentó adaptar su casa realizando un relleno para soterrar el bajo. Pretendía convertirlo en sótano para que su vivienda se adaptase al número de alturas permitido. La denuncia está en fase de tramitación. De prosperar, no será el primer varapalo que recibe el alcalde popular, José Traba, a quien la Xunta le acaba de requerir para que anule las licencias de 400 pisos ilegales en la zona de La Anchoa, una codiciada recta en primera línea de playa que los constructores han llenado de edificios. Las presuntas ilegalidades denunciadas por el fiscal en Arteixo no se refieren a grandes bloques de apartamentos ni a urbanizaciones de pareados. Aluden a la iglesia de la parroquia y a la casa del cura que el regidor, Manuel Pose, del PP, permitió construir invadiendo una zona verde.

La Consellería de Política Territorial pidió a Pose que anulase el permiso, una decisión que el regidor decidió ignorar. El ministerio público le acusa de un doble delito de desobediencia grave y contra la ordenación del territorio. Es una de las tres querellas por la vía penal a las que se enfrenta el regidor de Arteixo. Todas relacioanadas con delitos urbanísticos.

En otra denuncia el fiscal pide la imputación de Pose y del resto de concejales del PP que autorizaron en 2003 unas obras de desmonte y relleno, donde una organización benéfica, la Fundación San Rosendo, acabó construyendo una residencia de varias plantas. La querella se dirige además contra la constructora que levantó el edificio y la primera teniente de alcalde, María Isabel Vila por ordenar el archivo de un expediente de reposición de la legalidad, en contra del criterio de la Dirección Xeral de Urbanismo. El juzgado de reparto de A Coruña recibió un tercer caso también de Arteixo relacionado con una edificación autorizada a la empresa Doficas, SL, que según el escrito del fiscal, "invade hasta en 13 metros la zona de influencia de la carretera".

Licencia en un yacimiento

También en las inmediaciones de A Coruña el alcalde de Cerceda, José García Liñares, deberá explicar por qué permitió que una empresa construyese su nave industrial en el ámbito de protección de un yacimiento arqueológico en Agra de Guisande. El ministerio público envió a finales de noviembre un escrito al Juzgado Decano de A Coruña para que entregue a reparto y cite como imputados al regidor y los concejales que votaron a favor de la licencia. El ayuntamiento deberá abonar además una multa a la Dirección Xeral de Patrimonio de 30.000 euros por otorgar los permisos sin la correspondiente autorización de la Xunta de Galicia.

El alcalde nacionalista de Mugardos, Xosé Fernández Barcia también deberá responder ante la Justicia por negarse a derribar una casa ilegal, tal y como ordenó un fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Aquel fallo concluyó que el propietario había utilizado una licencia de reforma y rehabilitación para demoler su vivienda y construir una nueva. Fernández Barcia alega que el trámite de derribo está en marcha desde febrero de 2006. La setencia data de 1995.