Europeo para vivir, pero no para trabajar

Ya no hay inmigrantes irregulares rumanos ni búlgaros en España. Hace dos semanas que un pasaporte de esos países vale lo mismo que uno español. Poder acudir a la policía, a un banco, a un juzgado o a un hospital va a cambiar la vida para los 400.000 rumanos y los 98.000 búlgaros empadronados, y para todos los que no lo están. Para vivir en España, son comunitarios.

Pero para trabajar aquí, son extranjeros. El Gobierno español, como otros 12 de la Unión Europea, ha decidido que su incorporación al mercado de trabajo legal sea gradual. Para ello, durante dos años más, mantiene las condiciones de contratación por cuenta ajena como si fueran senegaleses o ecuatorianos. La diferencia, capital, es que ellos pueden contactar con sus empleadores en España, y no desde sus países de origen. El resto es igual: deben recibir una oferta laboral y presentarla en el Ministerio de Trabajo para que la autorice y otorgue un permiso para ese puesto. Para cambiar de trabajo, necesitan repetir el papeleo. Sí pueden crear empresas y ser autónomos en las mismas condiciones que los españoles.

Para la mayoría, ya integrada de hecho en un mercado laboral sumergido, la solución más obvia es que sean sus empleadores los que tramiten una oferta de trabajo para ellos, de forma que se les otorgue el permiso de trabajo y se pueda dar de alta un contrato en la Seguridad Social. Un rumano o un búlgaro bien informados sabrán que no tienen por qué tolerar ser empleados en negro más que un español. Siempre salvando las circunstancias de cada uno, ahora pueden elegir.

El jefe de Ovidiu Ungureanu, rumano de 37 años, presentará esa oferta para que haga legalmente lo que desde hace cinco meses hace ilegal, ser portero de un bar de copas donde gana entre 700 y 800 euros al mes. Tiene una hermana en Rumania y unos padres a los que enviar dinero, porque viven de sendas pensiones de 150 y 50 euros al mes.

Ser ciudadano de la UE le permite tener más aspiraciones. Durante 12 años fue policía militar en Rumania y asegura que ahora vive mejor. La chapa y la acreditación de su cartera son su tarjeta de presentación. "Quiero trabajo en el mundo de la seguridad o de la defensa", declara Ungureanu. "De guardaespaldas estaría bien". Enseguida, relata que es especialista en antiterrorismo, y un currículum en el que incluye misiones en Kosovo y Macedonia y diplomas en cursos de la OTAN. Intentará que el Gobierno le convalide sus titulaciones en defensa.

Ungureanu hizo la cola para solicitar la tarjeta de residencia el pasado miércoles con su sobrino, Constantin Constantinescu, de 22 años. Él lleva cinco años en España y está instalado en el barrio de Vistalegre (Madrid). Reside legalmente y trabaja en una empresa de seguridad. Pero, según relata, al ser extranjero sólo podía ser auxiliar. Ahora podrá hacer un curso para ser vigilante. Ambos se han puesto en manos de un despacho para los trámites. En cuanto tengan su tarjeta de residencia, los abogados presentarán las correspondientes ofertas de trabajo. Hasta que no acabe todo el papeleo no serán como cualquier europeo.

La avalancha de peticiones ha hecho que responsables públicos, por ejemplo en Castellón y Navarra, aclaren que la tarjeta de residencia no da más derechos que el pasaporte. Es una verdad a medias. Para lo que importa, el permiso de trabajo, hace falta previamente la tarjeta. El número de tarjetas emitidas dará, por fin, la cifra exacta de rumanos y búlgaros en España.

El pasado miércoles, la docena de policías nacionales que organizaban la seguridad en el exterior de la Comisaría General de Extranjería de Madrid, parecían ujieres de la oficina, contestando durante horas todo tipo de dudas. Un familiar como Constantin, experto en trámites, era un tesoro.

Algo que no tenía Osman Mustafa. Tiene por único patrimonio, su pasaporte búlgaro y una carpetilla de plástico donde guarda todos los documentos que supone imprescindibles para permanecer en España. Llegó en noviembre. El ciudadano europeo Mustafa se ve obligado a empezar de cero a los 48 años. Su negocio familiar, una cafetería con quiosco de prensa, fracasó. Su mujer y su hija, de 21 años, no trabajan. Su hijo, de 26, es camarero en su pueblo, Lovech.

Es la otra cara de la moneda. Con pasaporte comunitario, es conductor de autobús y camión, con experiencia en mecánica, no puede buscar trabajo como un español. Para trabajar, debe contactar con un empleador que consienta hacer todo un papeleo desconocido para cualquier otro ciudadano de la Unión. Para trabajar es como un sin papeles. Su ventaja: para vivir, es europeo, y nadie le puede echar de España.