19.000 víctimas en 31 años

Cuando Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para Iberoamérica, viajó la semana pasada a Ecuador con la familia y el féretro de Carlos Alonso Palate -una de las dos últimas víctimas mortales que dejó ETA en Barajas-, llevaba consigo un sobre con 2.000 euros. Sabía que en el chamizo donde vivía la madre de Palate, ciega, hallaría, además de mucho dolor, a una familia extremadamente pobre. Sin recursos siquiera para inhumar a su hijo. Tan pobre que vivía de los 300 euros mensuales que le enviaba desde Valencia su hijo Carlos. También sabía que su hermano, Jaime Alonso Palate, había viajado a Madrid para repatriar el cadáver con una chaqueta que le quedaba grande, prestada por un vecino de su aldea, y que el Ministerio del Interior le había comprado ropa a toda prisa.

Las familias de los dos ecuatorianos fallecidos serán resarcidas cada una con 220.000 euros

Los 2.000 euros fueron entregados de urgencia a la madre del fallecido y proceden de las arcas del Estado, de las que salen las decenas de millones de euros que cuestan las barbaries terroristas. "El sistema español de atención a víctimas de terrorismo es el más completo del mundo", señala el director general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes.

Entre 1975 y 2006, el Estado ha pagado unos 430 millones de euros (72.000 millones de pesetas) en indemnizaciones para las cerca de 19.000 personas afectadas de una u otra forma por atentados de ETA, islamistas u otras organizaciones terroristas. En este dinero se incluyen los casos de personas cuyo patrimonio, coches o inmuebles ha destrozado el terrorismo, que paga el Consorcio de Compensación de Seguros o la Dirección General de Apoyo a Víctimas de Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior. Hasta 21.000 euros si se trata de coche sin seguro. Son indemnizaciones reguladas en Ley 32/1999, de 8 de octubre de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Éstos son algunos de los casos más significativos.

- Las últimas víctimas. Los beneficiarios de las 192 víctimas mortales y 1.427 lesionados en el atentado islamista del 11-M ya han supuesto al erario público 62.060.094 euros (más de 10.000 millones de pesetas). Interior ha abonado el 99% de esas indemnizaciones. Los herederos de Diego Armando y Carlos, por su lado, percibirán una indemnización de 440.000 euros (220.000 cada familia). El Estado se hace cargo también de los gastos del rescate de los cadáveres y el posterior sepelio.

- Madre ciega y parejas de hecho. Aunque tiene difícil encaje en la Ley de Solidaridad, Interior va a apoyar la concesión de una pensión vitalicia para la madre de Carlos Alonso Palate. Aunque Palate no tenía esposa ni hijos, está acreditado que su madre, ciega, y sus hermanos, enfermos, dependían de los 300 euros del fallecido. La ley admite como herederos a las parejas de hecho, pero en el caso de Verónica Arequipa, la novia del otro fallecido en Barajas, Diego Armando Estacio, de 19 años, no se da esa circunstancia. Sólo llevaban un año como novios y la ley impone dos años mínimo de convivencia para constituirse en pareja de hecho. Como legalmente la novia no tiene derecho a indemnización, Interior tiene previsto facilitarle el acceso a un piso protegido. Un caso parecido al de Winston Hernán, el amigo al que acompañó Palate a Barajas cuando estalló la bomba. La ley no le considera afectado, pero Interior le dará la nacionalidad española.

- Pensiones y atención integral. El Gobierno socialista se ha propuesto facilitar "una atención integral a las víctimas". Justo después de un atentado, el equipo que coordina Rodríguez Uribes se pone en contacto con los afectados para proporcionarles la ayuda económica y psicóloga que necesiten. La ley recoge una indemnización de 220.000 euros para los herederos de cada víctima mortal, cantidad que puede incrementarse a 240.000 euros si hay más de un hijo. Además, en muchos casos también cabe conceder una pensión vitalicia, exenta de gravámenes, de un máximo de 1.600 euros.

- Ayuda rápida. Las indemnizaciones a víctimas de terrorismo suelen aprobarse sólo semanas después del atentado, explica Rodríguez Uribes. Interior también se hace cargo de las indemnizaciones que establecen los jueces. Si éstos fijan una cantidad superior a las indemnizaciones ya recibidas, Interior paga la diferencia.

- Indemnización de tres millones. Algunas de las víctimas o familiares que más dinero han percibido merced a indemnizaciones judiciales son el diputado Eduardo Madina (unos tres millones de euros), así como familiares del médico militar sevillano Antonio Muñoz Cariñanos; del juez José María Lidón y de la familia del jurista Manuel Broseta. También se ha dado el caso de resoluciones judiciales que, por error, no recogen hechos colaterales relacionados con el atentado y que, por tanto, dejaron de estipular indemnizaciones para los afectados. Es el caso del policía de Valencia que, en el asesinato de Broseta, resultó con graves lesiones al estallar el coche que abandonaron los terroristas. Inicialmente, Interior le dio 40.000 euros. Posteriormente, le dio una ayuda extraordinaria de casi 60.000 euros. Cuando por ley resulta complicado indemnizar a un afectado porque no cumple los requisitos, suele actuar la Fundación de Víctimas de Terrorismo, que ha ayudado a 676 afectados cuya situación de necesidad no tenía encaje claro dentro de la Ley de Solidaridad.

- Batallón Vasco Español. La ley de Solidaridad es igual para todos. El Partido Popular reconoció y otorgó indemnizaciones no sólo a víctimas de ETA; también lo hizo durante su mandato con familiares de afectados por el GAL y el Batallón Vasco Español. Al menos hay registrados ocho casos de indemnizaciones en este sentido.