El alcalde de Foz se niega a anular 1.350 licencias como exige la Xunta

El alcalde socialista de Foz, José María García Rivera, permitirá que las grúas sigan trabajando en su ayuntamiento, pese al requerimiento de la Consellería de Política Territorial, que insta al regidor lucense a anular 1.343 permisos otorgados días después de que la corporación suspendiese el planeamiento y que no contaban con el preceptivo informe de la secretaría municipal. La Xunta ha dado un mes de plazo para que el regidor anule las solicitudes, de lo contrario amenaza con plantear un contencioso administrativo contra el gobierno municipal.

Con el requerimiento enviado ayer, el departamento de Urbanismo del Gobierno gallego pretendía que fuese el propio García Rivera el que revocase "en el plazo de un mes" los acuerdos adoptados por su Junta de Gobierno el pasado 29 de marzo por "infrinfir el ordenamiento jurídico vigente". La comunicación del Ejecutivo alude a una intensa sesión extraordinaria celebrada cinco días después de que el Pleno aprobase la suspensión de licencias en Foz. En total fueron dos horas de reunión que el alcalde y cuatro ediles del PSdeG aprovecharon para aprobar la construcción de 1.343 pisos.

En la polémica sesión del 29 de marzo, el regidor socialista dio luz verde a las solicitudes de obra argumentando que la suspensión de las normas subsidiarias que regían el urbanismo en Foz no había entrado en vigor, puesto que no había sido publicada en el Diario Oficial de Galicia que no ratificó la decisión hasta el 5 de abril.

Pero la nota de la Consellería de Política Territorial explica que la suspensión del planeamiento -requisito imprescindible para que un ayuntamiento pueda empezar a redactar un nuevo Plan General de Ordenación Municipal- "tiene efectos sobre todas las solicitudes formuladas con anterioridad, salvo las que fuesen presentadas al menos tres meses antes de la publicación de la suspensión". Urbanismo recuerda que, según la documentación aportada por García Rivera, "las solicitudes presentadas en la sesión del 29 de marzo habían sido tramitadas a lo largo de ese mismo mes", lo que debería haber llevado al regidor a votar contra su aprobación.

No es ésa la unica irregularidad que ha detectado Política Territorial en la documentación remitida por el alcalde lucense. El expediente de aprobación de las solicitudes tampoco incluyó el preceptivo informe jurídico de la secretaría municipal, que adujo falta de tiempo para estudiar todos el papeleo presentado por las inmobiliarias. Además de ser un requisito legal para la aprobación de cualquier permiso para construir, la Xunta aclara que en este caso el dictamen de la secretaría "resultaba determinante para advertir a la Junta de Gobierno local de que el acuerdo adoptado por la corporación cinco días antes impedía la aprobación de las citadas licencias".

Horas después de recibir la notificación de la Xunta, el alcalde de Foz anunció su intención de hacer caso omiso a las recomendaciones del Gobierno gallego. Pese a admitir en rueda de prensa "defectos de forma en la tramitación de los permisos", García Rivera se negó a paralizar la construcción de los edificios afectados por la resolución de Urbanismo.

El alcalde se mostró convencido de que el problema se solucionará en el futuro y anunció que los abogados del ayuntamiento ya han empezado a estudiar fórmulas para legalizar las obras que en algunos de los casos ya han comenzado. Rivera insistió en que "las decisiones de su gobierno fueron impecables y recordó que "la Xunta no puede anular absolutamente nada porque la Administración Local es la única con competencias para revocar sus propias decisiones". El conflicto entre las dos instituciones acabará previsiblemente en el contencioso administrativo. Ésa es al menos la amenaza de la Xunta que en el requerimiento de ayer advertía al regidor lucense de que "adoptará todas las medidas legalmente procedentes para conseguir el pleno restablecimiento del ordenamiento jurídico vulnerado".

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, reiteró ayer que "la Xunta sigue tratando con objetividad y transparencia los problemas urbanísticos detectados en el territorio con independencia del color político de cada ayuntamiento y de los intereses partidarios". Caride responde así a las críticas del PP que ha acusado a su departamento de actuar de manera partidista.