El Consell pretende tratar el urbanismo con Europa al margen del Gobierno

El Consell decidió ayer prescindir por su cuenta del Gobierno como representante de las comunidades autónomas ante la Comisión Europea y exigió un contacto directo con Bruselas para tratar sobre el urbanismo valenciano. El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, anunció que pedirá una entrevista con el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, para exponer las alegaciones de la Generalitat al expediente de infracción contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Para los socialistas, el PP pretende distraer la atención ante un nuevo "varapalo" de Bruselas.

Para justificar este paso, que el propio consejero calificó de "respuesta extraordinaria", González Pons denunció como "un hecho gravísimo" que el Gobierno ha "mutilado" las últimas alegaciones del Consell contra el expediente de infracción. Pero ni la denuncia ni la respuesta son nuevas. El Ejecutivo central considera que la Generalitat no puede basar la defensa de la LUV en el hecho de que otras autonomías permitan el agente urbanizador para desarrollar el suelo, y así se lo ha comunicado al Consell en una carta en la que anuncia que ha suprimido estas referencias porque el procedimiento de infracción no afecta a otras comunidades y podría perjudicar sus intereses sin aportar "nada" al debate jurídico. Ya lo hizo en el caso de las primeras alegaciones de la Generalitat, como criticó el Consell el pasado octubre tras conocer el ultimátum de la Comisión que está a punto de expirar. El Gobierno de Camps también anunció entonces que pediría "amparo" a la Comisión frente al Gobierno de España.

Ahora ha ido más lejos, y tras incluir en sus alegaciones 20 páginas con la descripción más detallada de las normas urbanísticas de 13 autonomías que el Gobierno ha eliminado, pretende un trato directo con Bruselas. Según el consejero, en esta tesitura la "única vía" que se le ocurre para defender a la Comunidad Valenciana es obviar la interlocución del Gobierno ante Bruselas y pedir una entrevista al comisario.

El consejero "está intentado distraer la atención del varapalo que va a volver a pegarle la UE al PP y a Camps", aseguró el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, al conocer la iniciativa. Fuentes de este partido consideraron que el consejero usa un "discurso nacionalista, radical y peligroso". "Esto es ridículo", abundó el responsable socialista de Territorio, Eugenio Burriel, quien calificó a Camps de "irresponsable" por desechar la representación del Estado. "Eso no lo han hecho ni siquiera el PNV o ERC", destacó. El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, añadió: "El PP debe dar la cara y poner en orden su modelo urbanístico".

La Comisión Europea (CE) emitió el pasado octubre un último aviso a la Generalitat para que cambie la LUV. La ley sustituyó a la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que ya fue motivo de otro expediente, de miles de denuncias de afectados ante el Parlamento Europeo y de dos visitas de delegaciones de eurodiputados para analizar las quejas sobre la vorágine urbanística y la indefensión de los propietarios ante el agente urbanizador. Bruselas considera que la LUV tampoco cumple las directivas comunitarias de contratación y decidirá próximamente si denuncia a España -que representa a las autonomías- ante la justicia europea. Ante esta posibilidad, el Consell descargó ayer anticipadamente la responsabilidad en el Gobierno socialista, al que González Pons acusó de "traicionar por razones políticas" a los valencianos. Y una vez más, extendió la responsabilidad a todo el urbanismo español. Según el consejero, el urbanismo valenciano es "igual" al de otras autonomías, una afirmación contundente que sus propias alegaciones ante Bruselas cuestionan, ya que ponen de manifiesto que en la mayoría de comunidades el agente urbanizador es un sistema más de gestión o es subsidiario. Una posición secundaria a la que ahora pretende devolver al agente urbanizador el propio consejero.