El Gobierno vasco ha advertido ya a los amenazados que renunciaron a la escolta

El coche bomba colocado por ETA en el aparcamiento de la terminal 4 de Barajas el día 30 de diciembre y el hallazgo del material explosivo -180 kilos- que la organización terrorista pretendía poner en manos del nuevo comando Vizcaya ha espoleado a los responsables de la Consejería vasca de Interior a reforzar la protección personal a los colectivos amenazados por ETA.

Durante los nueve meses del alto el fuego, pero sobre todo en el año anterior a la declaración del parón terrorista, el 22 de marzo de 2006, decenas de jueces y magistrados y algunos cargos y concejales del PSE decidieron prescindir de la protección personal, pese a que la recomendación tanto de los responsables de Interior vasco, del Ministerio del Interior y del propio partido era la de mantener los escoltas hasta ver cómo evolucionaba la nueva situación creada con el alto el fuego permanente y la ausencia de atentados mortales.

Dinamitado el parón etarra, la Consejería vasca de Interior ha tomado la decisión de llamar a los amenazados que han prescindido de los servicios de escolta que los Gobiernos central y vasco presta al 50% tras el acuerdo al que se llegó entre ambas Administraciones cuando el PP estaba en el Ejecutivo, en el verano de 2000.

El consejero vasco de Interior, Javier Balza, precisó ayer en una entrevista en Radio Euskadi que "en cuanto tuvo conocimiento del atentado", su departamento tomó la decisión de ponerse en contacto con "alguna gente que en este tiempo había decidido personalmente vivir sin la protección, sin escoltas, para volver a activar estos servicios". "Lo cierto es que eran muy pocas personas", declaró el responsable de Interior vasco, en alusión a esas decenas de jueces y ediles socialistas, dado que en los últimos años el número de personas que han llevado protección personal en el País Vasco se eleva a unos 1.000. En el informe elevado por la Consejería de Interior al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, en marzo de 2003, dos meses antes de que ETA asesinara a sus dos últimas víctimas mortales hasta el atentado de Barajas, el número de protegidos ascendía exactamente a 903. Junto al servicio de escolta personal, la Ertzaintza practicaba medidas de protección preventiva singulares (vigilancia de entornos domiciliarios, etc.) a otras 310 personas.

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron ayer a este periódico que "por el momento" no se han puesto en contacto con los protegidos que han decidido prescindir de la escolta, aunque precisaron que su número es limitado y que en todo caso "los servicios serán activados en el momento en el que se solicite por esas personas amenazadas por ETA".

Algunos jueces vascos que han prescindido de la escolta han anunciado ya esta semana a sus compañeros que van a solicitar recuperar la protección abandonada con el clima de tranquilidad relativa que se ha respirado en estos últimos años en Euskadi, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales. Desde el final de la anterior tregua (2000), los Gobiernos central y vasco han gastado más de 700 millones de euros en escoltas. Y para este año, ambas Administraciones han presupuestado 170 millones.