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La ofensiva terrorista

El juez prohíbe el acto de Anoeta convocado por la ilegal Askatasuna

El magistrado ordena a las fuerzas de seguridad que impidan que se celebre

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió ayer, a instancias de la fiscalía, prohibir el acto político previsto para esta tarde en el velódromo de Anoeta, de San Sebastián, por haber sido convocado por la ilegal Askatasuna, estructura de la izquierda abertzale que sustituyó a Gestoras Pro Amnistía. En caso de celebrarse la convocatoria, los hechos podrían ser considerados constitutivos de un delito de desobediencia.

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El magistrado ha ordenado también que se oficie a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que dispongan lo necesario con el fin de que se impida la celebración del primer acto multitudinario que convoca la izquierda abertzale tras la ruptura del alto el fuego permanente de ETA, tras el atentado del pasado día 30 de diciembre en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid.

El autodenominado Movimiento Pro Amnistía, que firmaba los carteles de convocatoria, seguía ayer por la tarde confiando en que el juez autorizaría el evento y convocando a sus simpatizantes a acudir al velódromo de Anoeta.

El juez asumió todos los argumentos esgrimidos por el fiscal Carlos Bautista, que se ha basado en los informes realizados por la Ertzaintza, la Policía y la Guardia Civil sobre la convocatoria. El fiscal señalaba textualmente que "si bien el velódromo de Anoeta ha sido alquilado por María Aranzazu Bereciartua Unanue, en nombre de la organización Behatokia" -que no ha sido declarada ilegal ni consta que tenga relación con organizaciones ilegales-, "la convocatoria efectiva no la ha hecho la citada asociación, con adhesiones de terceros, sino que, directamente y sin rodeos, se ha producido por personas muy determinadas en conferencia de prensa".

Entre estas personas destacan Juan María Olano, ex máximo responsable de Gestoras Pro Amnistía, que está pendiente de juicio por pertenencia a ETA; Julen Larrinaga, ex dirigente de Askatasuna; Unai Romano e Ibon Meñika, destacados miembros de Segi, la organización juvenil de la izquierda abertzale, sucesora de Jarrai y Haika.

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Precisamente, el fiscal alega que los reales convocantes del acto de Anoeta "o bien han formado parte de Askatasuna, o bien han sido integrantes de Segi, o bien están pendientes de juicio por integración en banda armada".

Por ello, tanto el fiscal como el juez precisan que la convocatoria directa del acto por este grupo de personas "no puede significar sino que es la organización ilegal Askatasuna quien está detrás del acto".

El magistrado y el fiscal señalan que eso es así "con independencia de que otras personas no relacionadas con las organizaciones antes citadas hayan realizado las gestiones administrativas relacionadas con el alquiler del lugar, instalación, documentación y resto de preparativos".

Pese a la decisión judicial, los organizadores del acto mantenían anoche la intención de celebrar el acto.

El juez Baltasar Garzón declaró la suspensión de actividades de Askatasuna en febrero de 2002. En caso de celebrarse la convocatoria, los hechos podrían ser considerados constitutivos de un delito de desobediencia.

La postura de la fiscalía sobre la celebración de actos convocados por militantes de la izquierda abertzale no se ha modificado tras la ruptura del alto el fuego por parte de la banda terrorista ETA, sino que mantiene los mismos parámetros jurídicos.

Numerosos autos del juez Baltasar Garzón y de la Sala de lo Penal han establecido que el auto de suspensión de actividades de Batasuna o el de Askatasuna no puede suponer un quebranto de los derechos constitucionales y de las libertades individuales de los ciudadanos. Sin embargo, el auto prohibía las actividades públicas de las citadas organizaciones, entre ellas la convocatoria de manifestaciones o ruedas de prensa en nombre de las citadas estructuras, que el magistrado consideraba que formaban parte de los distintos aparatos de la organización terrorista ETA.

Ataque a Aralar

En Alsasua, Navarra, ayer por la noche un grupo de jóvenes violentos se acercaron hasta la vivienda de la alcaldesa de la localidad, Asun Fernández de Garaialde, y le prendieron fuego a la puerta de entrada. El ataque es el primero de estas características que sufre un cargo de la formación abertzale Aralar, escindida de Batasuna. El coordinador general de la formación, Patxi Zabaleta, había exigido a ETA previamente que, de forma unilateral, deponga las armas para salir de la actual situación de estancamiento. Zabaleta añadió en la radio Ona Catalana que "ya no es posible repetir una tregua" de ETA porque ha perdido "cualquier credibilidad".

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