Un pueblo de Cádiz planea urbanizar en una zona del parque natural de Los Alcornocales

El Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz, 6.000 habitantes) pretende declarar urbanizable una parcela de más de 58 hectáreas del parque natural de Los Alcornocales. El ayuntamiento, gobernado por Fernando Pérez Castillo (PSOE), quiere urbanizar esta zona protegida para construir viviendas, legalizar las construcciones ilegales que actualmente hay y edificar un geriátrico y un hotel. Frente a la reserva natural, el consistorio defiende la construcción de un campo de golf, una promoción de viviendas unifamiliares y un centro comercial sobre un terreno de 79 hectáreas.

Ambos proyectos están incluidos en el texto refundido del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, a pesar de que el pasado 31 de julio del año pasado la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio condicionó la aprobación del documento a la modificación del crecimiento en estas áreas, según recordaron ayer fuentes de la Delegación de Obras Públicas.

La decisión del Ayuntamiento de mantener ambos proyectos fue denunciada ayer por la asociación Ecologistas en Acción de Cádiz. Según su portavoz, Juan Clavero, el gobierno local intenta "justificar" su decisión en la necesidad de regularizar una urbanización ilegal construida en el parque natural "para recalificar una superficie muy superior a la zona con edificaciones irregulares". La doctrina que están defendiendo los fiscales de Medio Ambiente ante los tribunales es que las viviendas ilegales en espacios protegidos deben ser demolidas.

El proyecto municipal prevé 214 viviendas en la parcela, de las que 170 serían de nueva construcción, según los denunciantes. Además, el plan parcial contempla la descatalogación de 6,7 hectáreas de terreno protegido para usos terciarios, en los que está proyectada la construcción de un hotel y un centro privado de atención a mayores.

Los ecologistas advirtieron de que parte del plan parcial afecta a una masa forestal de "alto valor" ecológico, situada a los pies del cerro de Cabeza de Hortales, donde se encuentra el yacimiento arqueológico de Iptuci, una villa romana declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno andaluz.

"Daño irreversible"

Además, según los denunciantes, el nuevo plan de ordenación prevé la construcción de un campo de golf de 18 hoyos vinculado a un parque de 465 viviendas, un hotel y un centro comercial.

Este crecimiento, aunque proyectado en terrenos ajenos al parque natural de Los Alcornocales, supondrá, según los ecologistas, el consumo de 500.000 metros cúbicos de agua y provocará "un daño irreversible" a la estructura urbana característica de Prado del Rey.

En conjunto, el nuevo PGOU, contempla declarar como urbanizable 1,9 millones de metros cuadrados de terreno, lo que supone un aumento del 200% sobre el actual suelo urbano. Además, prevé la construcción de 1.440 nuevas viviendas.

Prado del Rey ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento de viviendas destinadas al sector turístico y a la segunda residencia. El nuevo PGOU plantea un crecimiento de la población de unos 5.000 habitantes en los próximos 10 años, lo que supondría casi doblar la población actual (6.000 habitantes).

Se trata, según manifestó, Clavero de un plan "insostenible" que "sólo se explica por la burbuja inmobiliaria que se ha desatado", y que puede provocar "graves consecuencias en el futuro en éste y otros pueblos de la Sierra de Cádiz". El portavoz ecologista destacó que este PGOU incumple los límites de crecimiento fijados por la Junta en el nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que establece que los planes urbanísticos no incluirán crecimientos de suelo urbanizable superiores al 40% ni del 30% en el caso de la población.

Ecologistas en Acción anunció el envío de alegaciones ante las delegaciones provinciales de Obras Públicas y Medio Ambiente "para que impidan la recalificación del parque". En un comunicado, la asociación pidió a la Junta, de la que depende la decisión última sobre el PGOU, "que sea coherente con sus proclamas de oposición a modelos especulativos y el defensa del desarrollo sostenible".

Tras la denuncia, el delegado provincial de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, advirtió ayer de que su departamento "no aprobará nada que supere las condiciones del POTA". "Lo que supere ese nivel, no será viable", afirmó. Con todo, Lorenzo, negó un análisis en detalle de la situación "ya que el nuevo plan aún no ha llegado de nuevo para su estudio ante la Comisión Provincial de Urbanismo" de Cádiz.

Con todo, fuentes de la Junta explicaron que el texto reformado del nuevo PGOU ya ha sido entregado en la Delegación de Obras Públicas y está siendo analizado por los técnicos, que en pocas semanas harán una valoración. El asunto podría llegar a la Comisión Provincial de Urbanismo a finales de febrero.