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Los conflictos urbanísticos

El alcalde dice que ha incluido las mejoras exigidas

El alcalde de Prado del Rey, el socialista Fernando Pérez Castillo, aseguró ayer que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio recibió el pasado 31 de julio la "aprobación definitiva" de la Junta, aunque reconoce que la Administración autonómica "condicionó su validez a la aplicación de mejoras" que, según él, ahora se han incluido en el texto reformado.

Pérez Castillo aseguró que la zona del parque natural sobre la que se pretende actuar "se encuentra muy degradada" por las construcciones ilegales que en ella se han levantado desde la década de los setenta. Se trata de viviendas, dijo, "que carecen de servicios, que se surten de aguas subterráneas y se valen de pozos negros, lo que supone, incluso un riesgo sanitario".

Para costear la urbanización de la zona es necesario, según Pérez Castillo, sacar al mercado una parcela de unos 2.000 metros cuadrados que podrá acoger hasta 214 viviendas y la concesión de licencias para la construcción de un centro geriátrico. El equipo de gobierno ya ha negociado con una empresa de asistencia para impulsar este último proyecto.

Campo de golf

Por otra parte, el alcalde explicó que el suministro de agua para el campo de golf "está garantizado gracias al uso de agua reciclada procedente de una depuradora que ya está en construcción".

Además, aseguró que las condiciones establecidas por la Junta se referían a limitaciones en el número de árboles cortados en el parque natural de Los Alcornocales y al número de viviendas vinculadas al campo de golf. De las 800 viviendas que establecía el documento inicial se ha pasado a 465, según Pérez Castillo. "Hemos resuelto todas la cuestiones planteadas por la Junta y esperamos que en plazo de dos meses la aprobación del nuevo PGOU sea definitiva", explicó.

El alcalde defendió que dado que el proyecto municipal recibió una aprobación condicionada el pasado mes de julio, el documento no está sujeto a las condiciones impuestas recientemente por la Junta en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Este plan establece que ningún municipio podrá registrar desarrollos urbanísticos superiores al 40% y de población del 30% en un plazo de ocho años. "Entiendo que el POTA debe ser aplicación para los nuevos ordenamientos urbanísticos, no para los que se encontraban ya en fase de aprobación", declaró Pérez Castillo.

El alcalde de Prado del Rey justificó el desarrollo urbanístico en clave económica. "Como en otros pueblos del la zona, se hace necesaria la diversificación de la actividad para garantizar la prosperidad local", aseguró.

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