Avalancha de subidas

Con el nuevo año llegan las nuevas tarifas: una subida inicial del recibo de la luz del 2,8%, con revisiones trimestrales posteriores; la cuota de abono del teléfono fijo subirá el 2% para unos 17 millones de abonados; los peajes de las autopistas se encarecerán como media el 3,68%; los precios de autobuses y metros aumentarán el 3,5% de promedio... Se aplica una regla sencilla: en los mercados fuertemente competitivos, como el de la telefonía móvil, los precios tienden a bajar; en los mercados sin competencia y con regulación, como el eléctrico, aparecen distorsiones que están provocando encarecimientos significativos; y en los servicios públicos, sin competencia pero con condicionantes políticos, las autoridades tienden a aplicar subidas moderadas, de forma que los productos más populares -como el billete sencillo de metro- suban muy poco o nada mientras se encarecen más otros más complejos.

El caso de las tarifas eléctricas tiene un carácter especial. Una ley eléctrica deplorable de 1997 intentó aunar un mercado mayorista ridículo con tarifas domésticas demagógicas, al calor de la reducción continuada de los tipos de interés, y consiguió mantener durante cuatro o cinco años la ficción de que el recibo de la luz podía bajar indefinidamente. En realidad, creó un mecanismo infernal que genera un déficit crónico de retribución a las empresas. La "solución" de los Gobiernos del Partido Popular consistió en laminar este déficit en cómodos plazos, pagaderos durante lustros, de forma que los consumidores del futuro pagaran las cuentas del presente. La Administración de Zapatero ha preferido pagar hoy las facturas de hoy bajo el principio de que los consumidores tienen que afrontar los costes reales de cada servicio o producto.

La repercusión correcta y rápida de los costes debe ser el principio rector de cualquier política económica razonable. Aunque, en el sobrentendido de que en la cadena de consumo aparecen distorsiones -monopolios u oligopolios, clientes cautivos- que encarecen los precios por encima de los costes. Así viene sucediendo en la economía española, en la que la moderación salarial se convierte en pérdida de poder adquisitivo de los empleados

por efecto de una inflación galopante. De nuevo hay que reclamar, como contrapartida a la repercusión correcta de los costes en los precios finales, una política activa contra la inflación.