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COLUMNA

Los detractores de la Cidade da Cultura

Resulta patética la vehemencia de los detractores actuales de la Cidade da Cultura. Es de una gran lástima patriótica que no hubiesen gastado la misma energía para impedir que arrancase el proyecto. La iniciativa, parece ser que una opción personalísima de Manuel Fraga, constituye una acto despótico y megalómano, enfermo genéticamente de exageración e hipertrofia. A partir de ahí y, por si fuese poco, el Gobierno actual se enfrenta a unos hechos consumados: tres de los edificios ya estaban en fase final de construcción y otros dos fueron adjudicados con nocturnidad y alevosía durante el período "en funciones" del Gobierno anterior.

El Parlamento de Galicia debería arbitrar medidas que impidiesen la toma de decisiones irreversibles en ese tiempo que va entre la celebración de elecciones y la toma de posesión del nuevo gobierno salido de las urnas. ¿Cómo nos hubiese quedado el cuerpo a la ciudadanía si la Xunta hubiese decidido limitarse a pagar las facturas y dejar los edificios a criar toxos? Tampoco parece ecuánime ese discurso de agravio comparativo al esgrimir ese dinero como panacea y solución a todos los problemas estructurales de Galicia. Yo he percibido esa comparación presupuestaria con las listas de espera de la sanidad o con la cuestión de la deslocalización de las empresas por aumento de los costes laborales. Ese esquema de pensamiento es muy propio cuando se habla de gastos militares, pero las diferencias están en que cuando se discuten los gastos militares, éstos aún no han sido ejecutados y en que la guerra es siempre algo moralmente condenable. No así la cultura y sus presupuestos, que cualquier sociedad moderna concibe también como una necesidad estructural.

Me queda la duda -no dispongo de los datos jurídicos- de si la Xunta actual, igual que negoció una moratoria de un año con las empresas constructoras de los edificios no iniciados, hubiese podido negociar con esas empresas la anulación de los contratos mediante indemnizaciones por el lucro cesante. Se hubiese conseguido así redimensionar el proyecto, pues insisto en que su hipertrofia genética es el mayor problema.

Fuera de eso, por errático que pueda parecer, el proceder de la Xunta me parece ejemplar y modélico de una gestión democrática. Desde la Consellería de Cultura se consultó al Consello da Cultura, al Museo do Pobo Galego, se constituyó un Consello asesor y se los hizo confluir a todos en un foro, del que salieron, no podía ser de otra forma, indicaciones de lo que no debía ser el proyecto, toda vez que los convocados no éramos especialistas en museística, sino agentes culturales de diferentes prácticas de la creación y de la industria cultural.

Por eso, por decepcionantes que pudieran ser las conclusiones de ese foro, el propio procedimiento supuso un profiláctico ejercicio de reflexión y diagnóstico de las necesidades culturales del país o, lo que es lo mismo, un ideario dibujado por los propios agentes culturales de cómo gestionar el dinero de la cultura, coincidiendo todos en que la Cidade da Cultura no debe fagocitar todo el Presupuesto, no debe centralizar en Compostela todos los esfuerzos culturales y debe perfilar su propio modelo de gestión que permita autofinanciar una parte del funcionamiento del complejo, aglutinando, desde la titularidad pública, otros esfuerzos privados de promoción cultural.

En la medida en que se puedan superar los defectos de origen del proyecto y esta sensación de mal menor, la Cidade da Cultura puede constituir una gran oportunidad para el acceso a las grandes manifestaciones culturales de la ciudadanía, un elemento dinamizador del turismo cultural que paganice definitivamente la tradición jacobea y una oportunidad para las industrias culturales gallegas de enseñarse y ponerse en relación con el mundo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de enero de 2007