El Gobierno mantiene ocho recursos de inconstitucionalidad contra leyes catalanas

El Gobierno mantiene aún ocho recursos de inconstitucionalidad contra otras tantas leyes aprobadas en el Parlamento catalán, a pesar de que la Generalitat y el Gobierno central comparten color político y están presididos por dirigentes socialistas.

Entre los recursos gubernamentales ante el Tribunal Constitucional (TC) figura el presentado por el Ejecutivo socialista en 2006 contra la Ley de Comunicación Audiovisual catalana, el único de los ocho que corresponde al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Se da la circunstancia de que el presidente de la Generalitat, José Montilla, formaba parte del Consejo de Ministros cuando se optó por llevar esta ley al TC.

Los otros siete recursos fueron a iniciativa del Ejecutivo de José María Aznar, aunque el Gobierno socialista ha decidido mantenerlos.

La comparación entre los datos de enero de 2006 y los de enero de 2007 revela que en un año el Gobierno no ha retirado ningún recurso de inconstitucionalidad contra leyes catalanas.

Pese a ello, la cifra de ocho no varía, puesto que en mayo de este año el TC resolvió uno de ellos -el presentado por el Gobierno del PP contra la ley catalana de asociaciones de 1997, que anuló 10 de sus artículos por inconstitucionales- y el Gobierno socialista recurrió contra la mencionada Ley de Comunicación Audiovisual.

En la lista figuran también el presentado contra la ley de apoyo a las selecciones deportivas catalanas de 1999, el registrado contra la ley de creación del colegio de censores jurados de cuentas de Cataluña de 1995 y el que impugna la Ley del Impuesto de Grandes Superficies Comerciales de 2000.

El Alto Tribunal deberá pronunciarse también sobre el ajuste a la Constitución de la ley catalana de archivos y documentos de 2001, de la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica de 2002, de la Ley de Universidades de 2003 y de la Ley de Mutualidades de Previsión Social de 2003.

Pese a las cifras, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, ha matizado a Efe que desde el advenimiento en 2003 del Ejecutivo tripartito en Cataluña y desde la llegada del PSOE al Gobierno "se han retirado muchos recursos recíprocamente", entre ellos el del Ejecutivo central contra la Carta Municipal de Barcelona y contra la Ley de Horarios Comerciales.

Sin embargo, el Gobierno catalán presentó la semana pasada un requerimiento de incompetencia al Ejecutivo central por entender que el decreto de enseñanzas mínimas de la educación primaria, que instaura una tercera hora de castellano en las escuelas catalanas, supone una "clara invasión competencial" de las funciones que el Estatuto atribuye a la Generalitat.