Euskadi abrirá el año con sus dos principales leyes económicas pendientes de renovar
Las empresas tributarán por el Impuesto de Sociedades a un tipo superior al del territorio común
Todo el entramado de flujos financieros entre las administraciones vascas y la central se encuentra desde mañana, con el nuevo año, en situación de prórroga ante la falta de acuerdo para renovar la Ley de Aportaciones y la Ley del Cupo, cuya vigencia concluye con el ejercicio, de forma que quedan automáticamente prorrogadas. 2006 se ha cerrado, pese a las promesas de las administraciones, con el marcador prácticamente a cero. En el haber de las tres haciendas tan solo figura la reforma del IRPF, que ha llegado tarde y aún está pendiente de ser aprobada por las Juntas Generales de Álava.
Las haciendas han sido incapaces de cerrar un acuerdo sobre las normas de carácter quinquenal que rigen los flujos financieros entre las propias administraciones vascas (Aportaciones) y con el Gobierno central (Cupo). Además, el Impuesto de Sociedades será más alto en Euskadi que el vigente en territorio común.
La proximidad de las elecciones forales dificulta la posibilidad de cerrar un acuerdo
Las tres diputaciones consideran que el Gobierno recibe más dinero del que debería
La Ley de Aportaciones es aprobada por el Parlamento vasco tras el acuerdo entre las tres diputaciones forales y el Gobierno. Las discrepancias han impedido que se avance en exceso en su renovación. Por un lado, dos fuerzas políticas mantienen pareceres encontrados: el PP, que gobierna en Álava, y el PNV, que lo hace en Vizcaya, Guipúzcoa y en el propio Ejecutivo. Por otra parte, existen discrepancias entre las diputaciones y el Ejecutivo sobre los ingresos que le corresponden a cada uno de la cesta de impuestos. Las tres diputaciones reclaman recibir más dinero.
A este panorama y, según señalan fuentes forales, hay que sumar la proximidad de las elecciones del próximo mes de mayo, en las que se renovarán las tres diputaciones. Pese a la voluntad declarada de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, de cerrar antes de fin de año un acuerdo, distintas fuentes sugieren que existe voluntad de aplazar el debate hasta después de las elecciones ante la posibilidad de que el panorama político pueda cambiar.
Frente a la demanda de las diputaciones para revisar a la baja el coeficiente vertical, el porcentaje (70,44%) que recibe el Ejecutivo del total de la recaudación tributaria, la vicelehendakari sostiene que, al no haber alteración en las competencias, no proceden cambios. Zenarruzabeitia prefiere llegar a acuerdos que resuelvan los desequilibrios sin tocar ni el coeficiente vertical ni el horizontal, la parte con que contribuye cada territorio a ese 70,44% que va al Gobierno.Desde 1985, el coeficiente vertical ha ido creciendo. Ha pasado del 62,64% hasta el actual 70,44%. Las tres haciendas forales han hecho sus estudios internos y no les cuadran los números. Todas consideran que el Gobierno recibe más dinero de lo que debería. Vizcaya, tras ser el paladín del cambio durante varios años, ahora lo defiende en mucha menor medida, al ser el gran beneficiado por la variación legal que le permite ahora recaudar el IVA por las operaciones asimiladas a la importación, lo que le reporta cientos de millones de euros gracias a la refinería de Petronor.Las haciendas no han cumplido a la hora de pactar la norma que rige sus flujos financieros, pero tampoco lo han hecho al negociar con la Administración central la nueva Ley del Cupo. El Gobierno encabeza de forma discreta una negociación que aún no arroja sin resultados. La mayor preocupación en este final de año para los Ejecutivos autónomo y central ha sido el intercambio de votos en el Congreso y en el Parlamento vasco para aprobar sus respectivos presupuestos. El resto está en el aire. Existe un previsión presupuestaria de Cupo, pero no una nueva ley.
Los dos gobiernos mantuvieron en mayo una primera cita para abrir la negociación. Hasta entonces sólo se habían mantenido reuniones técnicas. Desde que se aprobó la primera Ley del Cupo, hace 25 años, el índice de imputación, que fija el peso de Euskadi en la economía española, se ha mantenido estable en el 6,24%. Dicho porcentaje determina el cupo anual.
La tercera cuenta pendiente es el Impuesto de Sociedades. José Luis Bilbao, diputado general de Vizcaya, urgía hace unos días a su aprobación en enero. Las primeras promesas eran para septiembre pasado. La Administración central ya ha cerrado su reforma y la primera consecuencia es que el tipo de gravamen en Euskadi será ligeramente superior al de territorio común. Este año se cierra con el 32,6%, tras más de dos años de litigios en los tribunales y suspensiones cautelares. Confebask, la patronal vasca, ha propuesto que el tipo quede cinco puntos por debajo del de territorio común. Las diputaciones insisten en prometer una rebaja, pero aún no hay nada.
La necesidad de un 'blindaje'
El PNV y el PSOE están de acuerdo en que hay que blindar el Concierto Económico. Ambos partidos están trabajando en el Congreso para cerrar una fórmula que permita sacar las normas fiscales derivadas del mismo de los tribunales ordinarios y llevarlo en exclusiva al Tribunal Constitucional. La fórmula se desarrolla dentro del marco de la reforma de la ley orgánica que regula las funciones del máximo intérprete de la Carta Magna.
El blindaje de las normas derivadas del Concierto es una demanda de todos los grupos parlamentarios vascos. El debate sobre su conveniencia lleva en marcha muchos años. Sin embargo, la decisión del Tribunal Supremo a fines de 2004 de anular una parte del Impuesto de Sociedades lo reabrió definitivamente. Las únicas discusiones son sobre cómo llevar a término esa protección.
Frente a otras posibilidades, el PNV ha defendido siempre la vía de su enjuiciamiento por el Constitucional, pese a no tener el rango formal de leyes. Socialistas y peneuvistas quieren que la reforma de la ley orgánica quede definitivamente aprobada en febrero de 2007.
Constitucionalmente, las obligaciones tributarias tienen que regularse por ley. Sin embargo, el Estatuto y el Concierto atribuye esta competencia a los territorios históricos, cuyas Juntas Generales no aprueban leyes, sino normas forales, cuyo control de legalidad corresponde a la jurisdicción contenciosa.
Por este motivo pueden ser recurridas por particulares y asociaciones, así como por otras administraciones afectadas. Con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, las normas tributarias sólo podrán ser impugnadas por el Gobierno central, por 50 diputados o senadores y por las ejecutivos de las comunidades autónomas.
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