El consejero balear niega hasta 30 veces que avisara al alcalde de Andratx de su detención

"Les puedo jurar con la Biblia en la mano que no sabía que el ex alcalde Andratx iba a ser detenido". José María Rodríguez, consejero de Interior balear y secretario general del PP en las islas, compareció ayer en el Parlamento para negar hasta 30 veces que "advirtiera" de su arresto al edil Eugenio Hidalgo. Según él, eso no se puede deducir de la lectura de su conversación telefónica pinchada por el juez dos horas antes de la detención el pasado 27 de noviembre. Dijo que se relacionaba con el alcalde porque éste se encontraba "agobiado" y "con síntomas de nerviosismo".

El consejero añadió que quiso ver al presidente balear, Jaume Matas, para preparar su dimisión. Y eso fue, su dimisión, lo que le exigieron el PSOE y el resto de la oposición, IU-Verds y el Partit Socialista de Mallorca (nacionalistas), porque "miente" sobre sus contactos previos con el alcalde. También le reiteraron sin éxito preguntas sobre datos de la llamada telefónica. Como por ejemplo, sobre la información a la que aludía el imputado, sobre el auto judicial esperado, del papel del letrado de Hidalgo y del PP, una reunión prevista con Matas y el abogado Rafael Perera, acerca de la frase "todos estamos en el mismo barco"...

"No hallarán prueba alguna de que no les he dicho siempre la verdad", recalcó Rodríguez. El juez del caso Andratx, que mantuvo nueve días intervenido el teléfono del consejero, por sospechas de ocultación o revelación de secretos, anotó que "ha existido, al parecer, un aviso al alcalde que ha propiciado que su despacho apareciese inusualmente ordenado, con documentos rotos por él y tirados a la basura". En otro auto señaló que de la conversación telefónica entre Hidalgo y Rodríguez se deducía que tanto Hidalgo como Rodríguez conocían el alcance y detalles de la actuación judicial prevista.

El fiscal del caso, Juan Carrau, y un oficial de la Guardia Civil sostienen que Rodríguez, tras algunas detenciones, trató de dificultar un registro en los alrededores del Ayuntamiento. El consejero de Interior informó ayer de que había llamado al fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, para quejarse de una actuación ilegal de los guardias civiles en el interior del Ayuntamiento. Sin embargo, el registro era en el exterior, en una papelera.

La oposición le reprochó al presidente del PP balear que pusiera tanto celo sobre una acción judicial para lograr rescatar documentación y que no tuviera tanto esmero en frenar a los corruptos y cooperar con la justicia.

Reunión en sábado tarde

La portavoz socialista Francina Armengol cuestionó el papel de Matas en este caso y el contenido de la reunión mantenida un sábado por la tarde, en el despacho oficial del Gobierno de Baleares, entre el consejero, el edil y el presidente Matas, 40 horas antes de la detención. "Han ayudado y amparado a los delincuentes", dijo la dirigente socialista. "Éste es un caso de corrupción política del PP", añadió y relató otros casos de alcaldes imputados que no han sido cesados.

El secretario general del PP atacó a cada uno de los partidos que le cuestionaban y en su última réplica citó otros casos de dirigentes y ediles con supuestas irregularidades urbanísticas o infracciones penales. Y salió a relucir el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y la llamada de un policía "alertando", dijo, a un miembro de ETA.

Miquel Rosselló (IU) le pidió una copia del código de ética del PP al que había aludido al consejero. "Ustedes quisieron parar el golpe y tienen implicaciones políticas", señaló Rosselló

Rodríguez consideró que en el caso Andratx "la justicia se está utilizando políticamente", criticó la acción de la Fiscalía Anticorrupción, que no cree que actúa con igual contundencia en ayuntamientos socialistas y censuró el despliegue "insólito" de la guardia civil y las filtraciones del sumario, que son delito, dijo. Mostró su "sorpresa y estupor" por el desarrollo de los hechos, la dimensión del despliegue policial y la presencia "anticipada" de periodistas en Andratx.

El portavoz del PP, Joan Font, consideró que a los detenidos por este caso (el alcalde, un director general del Gobierno y un funcionario) les trataron "igual que terroristas" y "sometidos a humillación y vejación al ser esposados".

La diputada del PSM Joana Lluïsa Mascaró agregó que es sospechoso que el presidente Matas no haya querido ir al Parlamento.